Washington.- Unos 20 bolivianos, entre ellos Pamela Fernández, hija del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, detenido y acusado de genocidio en Bolivia, se concentraron hoy en Washington para pedir un juicio justo para el político de oposición.
El grupo se reunió en las inmediaciones del Departamento de Estado con pancartas en las que pedían "justicia" y "no más persecuciones" por parte del Gobierno del presidente boliviano, Evo Morales.
Su protesta coincidió con las que organizaron hoy diferentes organizaciones opositoras en los nueve departamentos de Bolivia para pedir la liberación de Fernández, detenido hace seis meses por su supuesta vinculación con los enfrentamientos ocurridos el 11 de septiembre de 2008 en Pando.
Ese día, en medio de una ola de protestas contra el Gobierno en varias regiones del país, murieron en un choque armado entre autonomistas y oficialistas entre 13 y 20 personas, la mayoría campesinos afines a Morales.
Con la concentración en la capital estadounidense, Pamela Fernández, de 25 años, quiso "internacionalizar" la protesta en favor de su padre, al que se le niega un juicio justo, según alega.
La familia del ex prefecto, ratificado en su cargo en el referendo revocatorio de agosto pasado, considera que en Bolivia "se han agotado todos los recursos legales y jurídicos internos", por lo que el propio Leopoldo Fernández ha denunciado su situación ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado viernes Pamela Fernández acudió a la sede del organismo en Washington para exponer el caso de su padre, en una audiencia que forma parte del proceso normal ante la CIDH cuando se tramita una denuncia, relató.
"En Bolivia ya no hay leyes, ya no se respeta nada; la democracia, la justicia ya no existen. Estamos viviendo en un Estado dictador, donde (el presidente) Evo Morales y su Gobierno hacen lo que les conviene", se quejó Fernández en declaraciones a Efe.
Pamela afirmó que todas las batallas judiciales que su padre ha ganado durante los últimos seis meses, como el derecho al hábeas corpus, han sido ignoradas por el Gobierno boliviano, que, según ella, alega que "son ilegales y con eso se lava los manos".
"No hemos podido ser escuchados por la Justicia. Hemos decido optar por la vía internacional" para que se obligue al Gobierno a cumplir las leyes e investigar los hechos", dijo.
De acuerdo con Pamela Fernández, la Constitución boliviana establece que su padre tiene que ser juzgado por la Fiscalía General de la Nación, pero el Gobierno no lo acepta.
"Es la primera vez en la historia democrática (de Bolivia) que se mete a una persona en la cárcel y después se le buscan pruebas", señaló Fernández.
Por eso, afirmó, su padre "es un preso político, un preso del Poder Ejecutivo de Evo Morales y no de la Justicia".
Pamela defendió que su familia no quiere que el ex prefecto salga en libertad sin restricciones, y afirmó que lo único que desea "es que se le juzgue como se le tiene que juzgar, como ser humano al que se le respetan sus derechos y garantías".
"Él no quiere que le manden a casa (...), quiere un juicio justo para contar su verdad y defenderse como cualquier ser humano", agregó.
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