Ni los documentos aportados, ni los partes de seguimiento, ni la denuncia pública realizada por importantes cargos del Partido Popular —entre ellos dos miembros del Comité Nacional—. Los 'populares' han impuesto su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid para concluir que el Gobierno de Esperanza Aguirre "ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido" ningún seguimiento a cargos del PP. Entre otros argumentos, aducen que los partes "carecen del rigor exigible para merecer la mínima consideración".
Los 67 votos del PP han servido para dar luz verde al dictamen sobre las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el supuesto espionaje a cargos del Gobierno regional y del PP madrileño durante los meses posteriores a las elecciones generales y el Congreso que reeligió a Rajoy como máximo dirigente del partido —cuando las tensiones internas en el partido llegaron a su apogeo— .
Los diputados de Aguirre se han autoexculpado y aseguran en su documento que el Gobierno regional "ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier persona". Además, apuntan a que la comisión —que duró sólo una semana y escuchó a 10 de los 29 comparecientes — "no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario 'El País'". Además, asegura que los supuestos partes de seguimiento "ni son documentos de la Consejería, ni tan siquiera se corresponden en muchos casos con las agendas oficiales". Es decir, el PP madrileño se acoge a la teoría de que los partes son falsos porque los agentes que llevaban a cabo el supuesto espionaje cometieron imprecisiones. "Carecen del rigor exigible para merecer la mínima consideración", concluye.
Mientras que el PP deja en manos de la justicia "el total esclarecimiento de los hechos", los socialistas acudirán en amparo del Tribunal Constitucional por el cierre "anticipado" de la comisión. Para el PSOE ha quedado acreditado que Esperanza Aguirre es la "máxima responsable política del asunto" y su consejero de Interior y Justicia, Francisco Granados, el "responsable directo" de los seguimientos.
La oposición no sólo se basa en las "pruebas irrefutables" aportadas por el diario 'El País', y que obran en poder de la Fiscalía y los grupos parlamentarios, sino también en el testimonio que han dado a la prensa —pues en la comisión no pudieron comparecer— el ex vicepresidente de la Comunidad, Alfredo Prada, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobos —ambos miembros de la Dirección Nacional del PP—, entre otros. "Está acreditada la existencia de una o varias tramas de espionaje vinculadas o relacionadas con cargos políticos, de confianza o empleados públicos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior", aseguran los socialistas.
Izquierda Unida también da por confirmada la responsabilidad directa, "por acción u omisión", de Aguirre y la existencia de "una estructura organizada para obtener información sobre personas al margen de la legalidad". Para los diputados de esta formación, el comportamiento del Gobierno regional durante las tres sesiones de la comisión ha sido "autoinculpatorio". Ambos grupos solicitan el cese inmediato del consejero Granados.
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