Al cuarto día, sin escuchar a los presuntos espiados, sin acceso a los documentos e informes, con la comparecencia de ex consejeros de Leguina y Gallardón y con trece días de antelación a lo previsto. El ejecutivo que preside la 'popular' Esperanza Aguirre ha decidido cerrar la comisión de investigación en la Asamblea que intentaba esclarecer el escándalo del espionaje interno en el seno de su Gobierno y del PP madrileño.
El cierre lo ha aprobado en solitario la mayoría absoluta del PP madrileño en la Junta de Portavoces de la Asamblea, y a propuesta de la presidenta de la Cámara, la ex ministra Elvira Rodríguez. La comisión deberá presentar su informe de conclusiones para ser aprobado el 18 de marzo, lo que significa que mañana cerrará sus trabajos.
Y eso que sólo habrán dado su testimonio diez de los 29 comparecientes previstos. Quedan fuera el relato de las 'víctimas' del supuesto espionaje orquestado desde el Gobierno de Aguirre: el ex consejero Alfredo Prada, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, la diputada 'popular' Carmen Rodríguez Flores o el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel. Lo hace, además, adelantando 13 días la fecha prevista por el propio Partido Popular para su conclusión.
La comisión empezó sus trabajos hace menos de una semana y mañana ya se cierra. El 4 de marzo —después de las elecciones en Galicia y País Vasco— comparecieron ante los diputados madrileños tres ex consejeros que controlaron la seguridad durante los mandatos del socialista Joaquín Leguina y el 'popular' Alberto Ruiz-Gallardón. Ninguno de estos tres responsables —cuya actuación, en el caso de Virgilio Cano se remonta al periodo 1983-1987, por ejemplo— avalaron prácticas de contravigilancia o espionaje durante sus años de mandato.
La segunda jornada sirvió para que los supuestos responsables de los dossieres de espionaje —el ex inspector jefe de policía Marcos Peña (que, según El País, desempeñó un papel relevante en la trama conspirativa del 11-M) y subdirector general de Seguridad Operativa de la Comunidad, Miguel Castaño— negaran las informaciones aparecidas en los medios. A los diputados, tal y como impuso el Partido Popular, se les negó repreguntar. El descargo sollozante del primero y el argumento de que a Miguel Castaño "sólo la familia" le llama por su nombre de pila fue de lo más destacado que quedó de aquella sesión.
La última sesión en la Asamblea —a falta de que mañana comparezca el consejero Granados— estuvo marcada por los desmentidos y descalificaciones que algunos protagonistas hicieron de las informaciones desveladas por el diario 'El País'. Así, el director del Área de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Sergio Gamón, calificó de "panfletos sin ninguna veracidad" los partes de seguimientos; mientras que el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter pidió directamente el cierre de la comisión. Tal y como va a ocurrir mañana, una semana después de que se abriera.
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