Santander.- La Fiscalía considera que el consejero Javier del Olmo, al que acusa de prevaricación y obstrucción a la Justicia por el despido ilegal de un directivo cuando era presidente del Puerto, trató de "humillar" y "amedrentar" a esta persona y a otro trabajador y actuó injustamente, aun "a sabiendas" de ello.
La Fiscalía ha imputado a Del Olmo por la actuación que dirigió cuando presidía el Puerto contra el responsable de la Policía Portuaria, Antonio Martínez Sánchez, y contra el jefe del Departamento de Administración y Finanzas, José Manuel Río Oyarbide, que fue despedido por declarar en favor del otro trabajador en un juicio laboral, según ha dictaminado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Fiscal relata que, después de que declarara en favor de Martínez Sánchez en un juicio laboral que finalmente ganó este trabajador, Del Olmo expresó al directivo su "malestar" por ello y lo amedrentó, para posteriormente despedirlo.
Río Oyarbide presentó una demanda y el Juzgado de lo Social número 1 de Santander declaró nulo ese despido, al entender que se había decretado como represalia por su declaración testifical, una decisión que posteriormente confirmó la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
La Fiscalía señala que el despido causó a Río Oyarbide "un malestar" y "un maltrato", además de constituir "una humillación" y "una afrenta totalmente indebida".
Así, señala que Del Olmo actuó en ese caso "con ánimo de atentar contra el normal funcionamiento de la Administración de Justicia" y de "afrentar", "humillar" y "amedrentar" al directivo.
Añade que el consejero, que entonces era presidente de la Autoridad Portuaria, acordó el despido "con total y absoluta falta de competencia", ya que, según explica, el ejercicio de sus funciones al frente del Puerto "no le permitía" realizar ese despido, que "estaba reservado al consejo de administración" del organismo.
"El señor Del Olmo conocía esta circunstancia y actuó de la forma descrita con la única finalidad de asegurar el castigo y la represalia, dictando una resolución, a sabiendas, absolutamente injusta por su contenido y fuera del ámbito de sus competencias", considera la Fiscalía.
Agrega que, después de que otro juzgado de lo Social diera la razón al otro trabajador en el juicio que planteó al Puerto para que le reconocieran una categoría profesional, Del Olmo envió a esta persona sendas comunicaciones relativas a horarios de trabajo y al uniforme.
Además, investigó las páginas de internet que este trabajador había utilizado y abrió un expediente disciplinario en su contra, que dio lugar a una sanción de suspensión de empleo y sueldo por 30 días.
Antonio Martínez Sánchez presentó una demanda ante los tribunales por esa sanción, que fue declarada nula por el Juzgado de lo Social número 1 de Santander, que entendía que se había decretado como castigo contra ese trabajador.
La Fiscalía cree que en este caso Del Olmo actuó también "con ánimo de atentar contra el normal funcionamiento de la Administración de Justicia" y para "afrentar" y "humillar" a ese trabajador.
Por ello, ha acusado al consejero de un delito de prevaricación, dos de obstrucción a la Justicia, una falta de amenazas y dos de vejaciones.
Además de la pena de cárcel y la inhabilitación, solicita que se imponga a Del Olmo varias multas, y que éste indemnice a los dos empleados del Puerto con 12.000 euros en cada caso.
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