Buenos Aires.- El Gobierno argentino puso hoy paños fríos al severo conflicto que mantiene desde hace casi un año con el campo y que los dirigentes rurales no dan por superado, en momentos en que la economía local, ya debilitada por la merma de la actividad agropecuaria, comienza a sentir los efectos de la crisis global.
Gobierno y patronales agrarias firmaron hoy un acuerdo que representa mejoras para los productores de trigo, lácteos y carnes de vacuno, tras una reunión de casi seis horas en la que de forma sorpresiva irrumpió la presidenta argentina, Cristina Fernández.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien participó del encuentro, dijo en una rueda de prensa que espera que el acuerdo marque el fin del conflicto, que estalló hace un año cuando el Gobierno intentó imponer un sistema de impuestos móviles a las exportaciones de granos.
Más cautas se mostraron las entidades agrarias, que representan a 290.000 hombres de campo, que si bien marcaron como "positivo" el acuerdo alcanzado hoy, señalaron que solo recoge "soluciones parciales" y "no satisface en plenitud las necesidades" del sector rural, dijo el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati.
"No hay una sensación entre los productores que el conflicto está terminado. (...) Lejos estamos de que esté resuelto el conflicto. Años de desencuentro no se pueden resolver en dos reuniones", dijo el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi.
El dirigente dijo que los productores esperan que las medidas acordadas hoy "se plasmen", para que así los hombres del campo crean que el Gobierno tiene reales intenciones de "reconstruir las relaciones" con el sector rural y, así, se pase de un "acuerdo de corto plazo" a la búsqueda de "políticas de largo plazo".
"El conflicto ha tenido hoy la posibilidad de ir destrabando cosas, pero no está solucionado", señaló Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales.
Las partes acordaron volver a reunirse el próximo martes para seguir analizando otros temas que afectan al campo, como los impuestos a las exportaciones de soja, que el Gobierno se niega a bajar.
Los dirigentes rurales interpretaron la presencia de Cristina Fernández en la reunión de hoy como un signo de preocupación del Gobierno respecto al clima de malestar que se estaba gestando en el campo, que ha realizado seis huelgas comerciales desde el inicio del conflicto.
Según Randazzo, la presencia de la presidenta fue "determinante" por "el gesto y por el grado de interiorización" que demostró tener la mandataria sobre la problemática del sector.
El ministro destacó que la gobernante les habló a los dirigentes rurales sobre "la realidad internacional y el esfuerzo que deben hacer todos los argentinos para enfrentar la crisis mundial", ante la cual el Gobierno quiere mantener los niveles de producción y empleo.
"Somos conscientes de la gravedad de la situación, tanto del país como del sector productivo, y en ese marco queremos encontrar soluciones", dijo Llambías.
En un acto público tras la reunión con el sector rural, Cristina Fernández no hizo mención a ese encuentro, aunque dio un mensaje conciliador, de llamado al diálogo a todos los sectores económico-sociales para hacer frente a la crisis global.
Fernández destacó la necesidad de elegir "los instrumentos económicos y políticos adecuados" porque, debido a la crisis económica mundial, "vienen situaciones extraordinarias" en el mundo que "van a exigir soluciones e instrumentos extraordinarios".
El acuerdo alcanzado hoy se logra tras un año de disputas entre el Gobierno y el campo, con millonarias pérdidas para el sector por las políticas oficiales, las bajadas de los precios internacionales de los granos y el alza de los costos de producción, a lo que se sumó este año una severa sequía.
Sólo por el impacto de la peor sequía que se recuerde en medio siglo, se calcula que las pérdidas en el sector agropecuario pueden recortar en 1,6 puntos porcentuales la previsión oficial de un crecimiento económico del 4 por ciento en 2009, de acuerdo a un informe de la Sociedad Rural.
Para Confederaciones Rurales, las pérdidas del sector sumarán 43.000 millones de pesos (unos 12.000 millones de dólares), lo que de concretarse representará un duro golpe para la economía argentina, que ya acusa los primeros signos de deterioro tras seis años de expansión a tasas cercanas al 9 por ciento anual.
De acuerdo a un sondeo privado difundido este lunes, seis de cada diez argentinos atribuyen la desaceleración económica de su país al conflicto entre el Gobierno y el campo, y solo un 25,8 por ciento la achaca a la crisis global.
La economía jugará un rol importante en los comicios legislativos de octubre próximo, donde Fernández, cuya imagen negativa creció hasta el 41 por ciento según los últimos sondeos privados, buscará retener las mayorías parlamentarias.
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