Buenos Aires.- Las patronales rurales de Argentina realizarán el próximo martes "numerosos actos y movilizaciones" en protesta contra las políticas hacia el sector que aplica el Gobierno de Cristina Fernández, que se niega a bajar los impuestos a las exportaciones de granos.
Las entidades del sector ratificaron hoy además que la huelga comercial iniciada el pasado 28 de agosto finalizará el próximo viernes, tal como lo habían establecido originalmente, pese al reclamo de algunos sectores rurales.
El presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, había asegurado este miércoles que "hay un enorme malestar" y que "la gente quiere seguir más allá del viernes la huelga", la tercera en lo que va del año y la octava desde que se inició el conflicto en marzo de 2008.
Sin embargo, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, ratificó hoy que la huelga concluirá el viernes y anunció que el próximo día 8 se desarrollarán numerosos actos "con un tractorazo en una de las provincias del país más afectadas por la sequía como es Chaco, y movilizaciones" en otros distritos del país.
"Se realizarán marchas en distintas provincias hacia ciudades capitales para manifestar la preocupación de un pueblo agropecuario por las políticas" que aplica el Gobierno, explicó Llambías a periodistas, luego de una reunión de las patronales rurales.
La huelga impulsada por la Federación Agraria, la Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales Argentinas y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), que representan a unos 290.000 productores, implica la no comercialización de granos con destino a industrias y exportación y el no envío de ganado en pie a los mercados de hacienda.
La huelga comercial ha tenido un alto acatamiento que se traduce en la parálisis de los mercados de hacienda y granos y de los puertos de embarque de cereales, oleaginosas y derivados con destino a la exportación.
La convocatoria lanzada la semana pasada a esta nueva huelga comercial se concretó horas después de que la presidenta Cristina Fernández vetara una ley de emergencia agropecuaria aprobada por el Parlamento con el aval oficialista, pero que contenía bajas y hasta eliminaciones de los derechos de exportación de granos en distritos de la provincia de Buenos Aires.
Los impuestos a las exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz son el eje de un conflicto desatado en marzo del año pasado entre las patronales agrarias y el Gobierno, que se niega a bajar la presión tributaria.
Los dirigentes agropecuarios aspiran a que luego del 10 de diciembre, cuando cambie la composición parlamentaria tras la derrota del oficialismo en los comicios de junio pasado, el Legislativo debata iniciativas que mejoren la situación del sector.
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