El presidente de Sudán, Omar al Bashir, va a pasar a la historia como el primer mandatario en ejercicio sobre el que recae una orden de detención de la Corte Penal Internacional. Polémico donde los haya, se le acusa de siete cargos: cinco relacionados con crímenes de guerra —entre ellos exterminio, tortura y violación— y dos de lesa humanidad —ataques directos e intencionados contra la población civil y pillaje—. Al frente de Sudán desde el golpe militar que perpetró en 1989, es sospechoso, entre otras cosas, de haber dado cobijo a Bin Laden. Después del 11-S, su política cercana al islamismo radical se moderó, al menos sobre el papel. Esto no ha sido suficiente para que la comunidad internacional olvide la respuesta virulenta de su gobierno a los levantamientos al sur de país en 2003, que se saldó con 300.000 muertos. La noticia ha caído como un bombazo en la comunidad internacional. Sin embargo, no está muy claro si la sentencia tendrá aplicación real, o si se trata simplemente de un 'vals con Bashir' con un mero valor simbólico.
La orden de arresto ha sido aplaudida por las principales organizaciones de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y Human Rigth Watch. Todas coinciden en su innegable importancia. Sin bien es cierto que el régimen de Sudán no despierta muchas simpatías, a partir de ahora no muchos se atreverán a tenderle una mano, y menos a recibirle en su país.
Pero el gesto no va a estar exento de problemas. Para empezar, mientras unas organizaciones aplauden la iniciativa, otras están haciendo las maletas para marcharse de Sudán después de que las autoridades ordenaran la evacuación de diez organizaciones que operan en el país, en especial en la región de Darfur esgrimiendo que, tras el anuncio, no pueden garantizar su seguridad. Con las ONGs fuera, miles de personas se quedarán sin la ayuda humanitaria básica de la que dependen después de tres décadas de guerra civil.
A la alarma humanitaria, se suman otros problemas de índole política. En opinión de algunos diplomáticos, la orden de arresto y la consiguiente profundización del aislamiento de Sudán, asestarán una estocada mortal a los tímidos acuerdos de paz de Darfur a los que se llegó en 2005. El propio Al Bashir firmó un acuerdo con los rebeldes del sur de Sudán, abriendo la posibilidad de una consulta popular —planeada para 2011— sobre la independencia de esta región, en la que se encuentran las reservas de crudo del país. En un artículo para BBC Mundo, Paul Reynolds analiza la orden de la CPI, que "no tiene por qué hacer cálculos y decidir entre la justicia y la Realpolitik". Es decir, que la misión del tribunal es encargarse de la justicia, al margen de cualquier aspecto político o humanitario que se derive de sus acciones.
Todo esto cuando, en realidad, el CPI tiene poca capacidad de acción. Según Amnistía Internacional, que colaboró activamente en la redacción del estatuto de Roma, que dio lugar a la Corte Penal Internacional en 1998 —y que entró en vigor en 2002—, este tribunal permanente se encarga de "la investigación y enjuiciamiento de delitos cuando las autoridades nacionales no tienen capacidad o voluntad para ello". He aquí la paradoja. Sin cooperación de las autoridades nacionales, poco puede hacer la CPI.
La orden de detención emitida indica que la CPI pedirá la "cooperación de todos los Estados miembros del Estatuto de Roma (signatarios del tribunal), de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y, si fuera necesario, de otro Estado". La propia jefa del registro de la CPI, Silvana Arbia, reconoce que la detención "depende de la voluntad efectiva de los Estados a colaborar". En especial, necesitará la colaboración de las propias autoridades sudanesas. Pero con un régimen militar gobernando el país desde hace dos décadas, es fácil imaginarse la reacción en Jartum, la capital. Hoy mismo, el ministro de Justicia Abdel Baset Sedrat, ha rechazado la resolución calificándola de "decisión política".
¿Qué hay de la comunidad internacional? Según el tratado de Roma, Bashir podría ser detenido en cuanto pusiera un pie en uno de los estados que lo ratificaron, que no son pocos. En concreto, son 108, entre los que se encuentran la mayor parte de los países europeos y latinoamericanos, y muchos africanos y asiáticos. Teóricamente, estos países deberán cortar también sus relaciones diplomáticas y económicas con Sudán.
La Unión Europea ya se ha pronunciado. En una declaración emitida por la presidencia checa, los 27 han manifestado su respeto por la CPI y "su papel clave en la promoción de la justicia internacional", recordando que fue el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el que ordenó la investigación por los crímenes cometidos durante la guerra en Darfur.
Precisamente dos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y pesos pesados de la comunidad internacional —China y Estados Unidos— se han convertido en los principales escollos a la CPI. Estas dos potencias, no sólo no han ratificado este tratado, sino que votaron en su contra, al igual que Israel, Irak, Libia, Yemen y Qatar. En el caso de China, sus autoridades han sido denunciadas en varias ocasiones por apoyar el régimen sudanés, acusándoles de venderles armas. Por su parte, Qatar, demostrará dentro de unos días si ha variado en algo su actitud, ya que es precisamente el primer destino internacional que visitará el ya fugitivo del alto tribunal.
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