Zaragoza.- El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado hoy por unanimidad las conclusiones de la Comisión Especial que ha analizado la tramitación seguida en el Seminario desde su adquisición hasta su rehabilitación en nuevo Centro Administrativo, aunque los grupos municipales han hecho constar sus discrepancias con el resultado.
La Comisión concluyó el pasado 25 de febrero sin encontrar responsabilidades penales ni civiles ni administrativas en el proceso de rehabilitación del inmueble, después de haber mantenido seis reuniones, analizar diecisiete expedientes y escuchar a veintiséis comparecientes, entre ellos los tres alcaldes que ha tenido la ciudad desde 1996: Luisa Fernanda Rudi, José Atarés y Juan Alberto Belloch.
El propio Juan Alberto Belloch se ha comprometido a dar cumplimiento estricto de las conclusiones que se centran especialmente en la mejora y transparencia del proceso de contratación.
La Comisión se constituyó a raíz de la polémica surgida en el último modificado del proyecto de rehabilitación que incluía la instalación de una mesa tecnológica valorada en 180.000 euros y después de que se hiciera pública la intención de adquirir 36 sillas valoradas en 96.500 euros, si bien, IU logró, gracias a una moción, ampliar la investigación a los inicios de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana en 1996.
A pesar de la unanimidad, cada grupo ha hecho su valoración particular sobre las consecuencias del convenio firmado con el Arzobispado, que cedió el inmueble y el Palacio de Fuenclara a cambio de la recalificación de los suelos anexos al Seminario, que el portavoz del PSOE, Francisco Catalá, ha calificado de "funestas" económicamente para el Ayuntamiento a corto plazo.
Catalá ha criticado que algunos grupos como el PP y CHA se centren en las valoraciones del mobiliario y sin embargo no valoren lo que supuso el derrumbe del ala Este del Seminario en el proceso de rehabilitación y los sucesivos costes de los modificados.
Un aspecto en el que también ha incidido el portavoz del PAR y socio del Gobierno, Manuel Blasco, quien ha opinado que "si no hubiera pasado nada pues la mesa sería lo más grave" pero en cambio el proyecto ya supuso tres millones de euros más por primar la rapidez de la ejecución, otros cuatro millones en el segundo modificado y seis por el siguiente.
Blasco ha reconocido que se pueden criticar los procedimientos que se han seguido pero se ha mostrado convencido de que las conclusiones servirán para que estas vicisitudes no se vuelvan a producir.
Tanto la portavoz del PP, Dolores Serrat, como el de CHA, Juan Martín, ha lamentado que no se haya aclarado la responsabilidad de quien ordenó la contratación del mobiliario ni los desfases del coste de la rehabilitación que ha pasado de 49 a 69 millones de euros.
En opinión del concejal de IU, José Manuel Alonso, los tres equipos de gobierno y "por tanto PSOE, PP, PAR y CHA" han tenido de ver en el sobrecoste del Seminario y "deberá cada uno asumir la responsabilidad política de sus acciones".
Según Alonso, el Seminario está "al mismo nivel de derroche de fondos públicos" que lo estuvo en su momento la depuradora o el auditorio, al tiempo que cree que la utilidad de esta obra, en cuanto a la concentración de servicios en ese edificio y su alejamiento del centro de la ciudad, "está todavía por demostrarse dado que no hay ningún estudio que lo avale".
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