Zaragoza.- La Comisión Especial creada para analizar el proceso de conversión del antiguo Seminario diocesano de Zaragoza en la nueva sede administrativa del Ayuntamiento desde la adquisición del inmueble, no ha encontrado responsabilidades penales ni civiles ni administrativas en el proceso.
Así lo ha comunicado hoy a los medios de comunicación el presidente de la Comisión y consejero municipal de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, al término de la última reunión de este órgano.
Constituida el pasado 20 de enero, ha llevado a cabo un total de seis reuniones de más de cincuenta horas de duración durante las que se han estudiado diecisiete expedientes y ha escuchado a 26 comparecientes, entre ellos los tres alcaldes que ha tenido Zaragoza desde que se empezó a tramitar el último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU): Luisa Fernanda Rudi, José Atarés y Juan Alberto Belloch.
Y es que los análisis de la Comisión se han remontado a la elaboración del avance del PGOU en 1996, la aprobación inicial del Plan en 1999 donde la parcela que ocupaba el inmueble ya aparecía sujeta a convenio, la posterior firma del convenio con el Arzobispado, el proyecto de rehabilitación y los sucesivos modificados a los que se ha visto sometido y que han derivado en un incremento de la reforma de 49 a 69 millones de euros.
Al margen de las valoraciones políticas, los grupos municipales han consensuado un documento en el que se reconoce la necesidad de tomar medidas para mejorar la praxis administrativa en las mesas de contratación y de vigilancia de la contratación, así como del control político y administrativo.
Además los convenios que tengan entre las contraprestaciones la adquisición de inmuebles que tengan que ser rehabilitados requerirán siempre de estudios previos sobre su valor, su estado y la idoneidad al uso a que se va a destinar.
Lo contrario de lo que se hizo en este convenio y que ha supuesto un "gasto ingente" al Ayuntamiento, según ha recordado el portavoz del PSOE, Francisco Catalá, para quien, sin embargo, aunque los desfases pueden resultar "llamativos" son "absolutamente normales" en edificaciones a rehabilitar.
Se vigilará asimismo que los modificados de proyectos y complementarios se aprueben antes de ser ejecutados, algo que no ocurrió en los dos últimos llevados a cabo en el proyecto y que fueron los que suscitaron la polémica al incluir la instalación de una mesa tecnológica valorada en 180.000 euros, que finalmente se ha ajustado a 85.000, y la adquisición de unas sillas de diseño cuya contratación se paralizó.
En opinión de Catalá, la Comisión ha sido positiva porque servirá para introducir medidas de control y no reconoce ningún tipo de responsabilidades, al tiempo que ha agradecido el esfuerzo de los grupos municipales por poner encima de la mesa los intereses del Ayuntamiento por encima de los intereses partidistas.
El concejal del PP José Manuel Cruz también ha hecho una valoración positiva por lograr un documento de consenso, aunque ha reconocido que les hubiera gustado que se hubiera profundizado más en el proceso de contratación de las mesas y las sillas.
Cruz ha señalado que el conjunto de la operación ha sido beneficiosa para la ciudad pero también se han constatado desfases con unas consecuencias que no se han determinado y con aspectos que desde el punto de vista de la contratación que "rayan la irregularidad".
Para el portavoz de CHA, Juan Martín, las conclusiones no son positivas en el aspecto de que no se ha aclarado quien impulsó el expediente de contratación de las mesas y las sillas, pero son positivas en el compromiso de ejercer mayor control y transparencia en las contrataciones.
José Manuel Alonso, de IU, ha reconocido que la Comisión ha sido en algunos momentos "dura y tensa" lo que le llevó a abandonar la mesa porque no estaba de acuerdo ni en el fondo ni en la forma en la que se estaba elaborando el documento.
Alonso hace una valoración crítica del resultado porque faltan cuestiones y no se valoran las responsabilidades de cada uno, dice que la actuación en el Seminario ha sido negativa para la ciudad y recuerda a otras impulsadas en la ciudad como la Depuradora o el Auditorio con "errores importantes en la gestión que han resultado más gravosas de lo que iban a costar".
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