Buenos Aires.- El Gobierno y las patronales rurales de Argentina retomaron hoy el diálogo después de siete meses y lograron "soluciones parciales" a algunos problemas que aquejan al sector, aunque no trataron los impuestos a las exportaciones de granos, detonante de un extenso conflicto el año pasado.
Si bien las entidades agrarias valoraron "la voluntad de diálogo" del Gobierno de Cristina Fernández, también dijeron que los avances logrados hoy "están lejos de colmar las expectativas" de los productores.
"De uno a diez puntos, estamos en cuatro, aunque rescatamos que se empezó a dialogar", aseguró Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina, una de las cuatro entidades rurales que representan a unos 290.000 productores.
Al enumerar los avances conseguidos en la reunión, el dirigente detalló que el Gobierno resolvió eliminar los impuestos a la exportaciones de lácteos y reducir a la mitad los que pesan sobre algunos productos de economías regionales.
También decidió otorgar subsidios a la cría de ganado vacuno y medidas en favor del sector triguero, apuntó Buzzi.
Sostuvo que las partes pasaron a "un cuarto intermedio" hasta el "martes o miércoles próximos" e insistió en que el diálogo fue "tranquilo, constructivo y con disposición a buscar soluciones".
"Lo que sucede es que en dos o tres horas no se pueden resolver cuatro o cinco años de desaciertos", consideró.
Además de Buzzi, en la reunión participaron los titulares de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati; de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías; y de Coninagro, Carlos Garetto.
Por el lado del Gobierno asistieron al encuentro los ministros del Interior, Florencio Randazzo, y de la Producción, Débora Giorgi, así como el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Cheppi.
El encuentro se concretó apenas unas horas después de que las entidades rurales finalizaran una huelga de cuatro días -la sexta desde que comenzó el conflicto y la primera de este año-, que consistió en la no comercialización de granos y hacienda.
La conclusión del paro fue casi simultánea con la decisión de un grupo de productores agropecuarios de desalojar la sede de un banco de la provincia de Entre Ríos que habían tomado 24 horas antes, para pedir mejores condiciones en la refinanciación de sus deudas.
La ocupación de la entidad bancaria fue duramente criticada por la presidenta argentina, quien llamó "a recapacitar a sectores de la economía que hoy pueden darse un lujo que no pueden darse otros de no comercializar sus productos", en alusión a los productores.
"No hay un solo actor que hoy pueda decir no comercializo, salvo aquellos que han tenido una gran rentabilidad", señaló y sostuvo que la solución a los problemas del país "no es enfrentando con violencia, tomando bancos y cortando rutas".
El conflicto entre el Gobierno y el campo estalló en marzo del año pasado, cuando el Ejecutivo subió los impuestos a las exportaciones de granos.
La medida fue rechazada por el campo con cinco huelgas comerciales y bloqueos de carreteras en todo el país, que derivaron en desabastecimiento de alimentos e insumos para la industria en las principales ciudades de Argentina.
El Senado anuló el controvertido esquema impositivo el 17 de julio pasado, con el voto de desempate del vicepresidente del país, Julio Cobos, un dirigente aliado al peronista Frente para la Victoria de Cristina Fernández, lo que supuso un duro golpe para la mandataria y su primera crisis de Gobierno.
Según las organizaciones agrarias, la situación del sector es "crítica" no sólo por los impuestos a las exportaciones, sino también por la caída de los precios internacionales de los granos, el alza de los costos de producción, la severa sequía que azota los campos y la falta de financiación, entre otros factores.
Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de alimentos, sufrió el año pasado millonarias pérdidas por las huelgas agropecuarias y los bloqueos de carreteras que realizaron los productores rurales.
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