Justicia Universal: España sigue al frente y ahora apunta a Israel

Tres días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, el juez Pedraz decidió abrir una investigación contra dos ministros y cinco altos funcionarios chinos por la represión que tuvo lugar contra el Tíbet durante el mes de marzo de 2008. Ahora que muchas organizaciones se habían manifestado para pedir la apertura de un proceso contra las autoridades israelíes por el bombardeo de las últimas semanas contra Gaza —en los que más de 1.300 palestinos perdieron la vida—, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido aceptar a trámite una querella por los ataques israelíes que se produjeron sobre Gaza en el año 2002 y que mataron a 14 personas (un presunto líder de Hamás y el resto civiles), imputando al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer junto a seis militares israelíes.

De este modo, la Justicia española ha vuelto a situarse en el centro de la atención mundial, y echarse a las espaldas una nueva investigación sobre presuntos crímenes contra la humanidad. Tal es así, que hasta la edición digital del diario israelí Haaretz coloca en primera plana la información sobre la decisión de Andreu. El diario israelí, además, recoge las declaraciones del ministro de Defensa Ehud Barak, quien ha calificado la decisión como "alucinante", y ha añadido que "cualquiera que califique el asesinato de un terrorista como 'crimen contra la humanidad' está viviendo en un mundo al revés". Además, ha reconocido estar dispuesto a "hacer todo" lo necesario para anular la querella. Por su parte, el líder ultraconservador de la oposición, Benjamin Netanyahu, creee que se trata de algo "absurdo".

Tras el reciente bombardeo contra Gaza los propios dirigentes israelíes mostraron abiertamente sus temores a verse presionados por la comunidad internacional o a que algunos países decidieran abrir sus propios procesos. Por esta razón, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, aseguró que cualquier soldado israelí acusado de crímenes de guerra sería protegido por su propio país, ya que actuaron para defender a su país. El ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha tratado de rebajar la tensión, y le ha asegurado a su homóloga de Israel, Tzipi Livni, que el Gobierno va a tratar de que la decisión de la Audiencia tenga el "menor impacto" posible y una "solución satisfactoria", unas declaraciones que arrojan muchas dudas sobre su verdadero significado.

Sin embargo, el abogado Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y que presentó este semana su libro 'Justicia Universal para Crímenes Internacionales', mantiene una postura bien diferente: "Creo que la decisión es satisfactoria, y que España tiene las competencias necesarias para llevar a cabo la investigación en base al principio de justicia universal", nos ha comentado. Ollé ha sido el impulsor de algunos de los procesos que ha situado a España como un referente en la persecución de crímenes contra la humanidad, un movimiento que, tras el procesamiento a Pinochet, ha ido creciendo poco a poco. En estos procesos, por lo general, debe contarse con una buena disposición de los otros países para lograr agilidad en el proceso, algo a lo que Israel no parece muy dispuesto.

Los hitos más relevante de la justicia española en este campo, junto al de Pinochet, fueron los procesos contra los militares argentinos Scilingo y Cavallo. A continuación se ofrece un listado con las principales causas que se encuentra tramitando, en estos momentos, la Audiencia Nacional.

• El juzgado central de instrucción número uno de la Audiencia Nacional es el que tiene más causas abiertas por crímenes contra la humanidad. Por ejemplo, en sus despachos se hallan los documentos relativos a la investigación por la muerte en Irak de José Couso, por el que están imputados tres militares estadounidenses, que aún se encuentran en busca y captura desde 2005.
• Además, en el mismo juzgado se está llevando a cabo la mencionada investigación contra dos ministros y cinco altos funcionarios chinos por la muerte de unos 200 tibetanos que tuvo lugar en Lhasa en el mes de marzo de 2008. En estas fechas el juez se encuentra tomando declaración a víctimas y testigos.
• El tercer proceso que tiene abierto este juzgado es la persecución de los crímenes de genocidio, torturas, asesinatos y detenciones ilegales contra civiles en Guatemala, en su mayoría mayas, cometidos durante el gobierno del dictador Efraín Ríos Montt entre 1978 y 1986.
• El juzgado central número dos también investiga la represión china contra Tíbet, en el primer caso que se abrió en España sobre esta materia. Concretamente, el juez Ismael Moreno abrió la causa en enero de 2006 dirigida contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros seis ex responsables comunistas chinos, a causa del genocidio cometido, supuestamente, a partir de 1950.
• El juez Ismael Moreno también admitió a trámite la querella que presentaron un superviviente español del Holocausto nazi y los familiares de otras cinco víctimas de los campos de concentración. Tras esta decisión, la Audiencia Nacional investiga a cuatro responsables nazis por un presunto delito de genocidio y lesa humanidad cometido entre 1942 y 1945 en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, en los que estuvieron confinados más de 7.000 españoles, de los que murieron más de 4.300.
• También el juez Fernando Andreu, del juzgado número cuatro y el mismo que ha admitido la querella contra dirigentes israelíes, decidió procesar a 40 militares ruandeses por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo, por la muerte de más de cuatro millones de personas y el asesinato de nueve españoles que tuvo lugar en Ruanda durante los años 90.
• En el juzgado número seis, el juez Eloy Velasco decidió admitir una querella para investigar a 14 miembros del Ejército de El Salvador por su presunta implicación en el asesinato de seis jesuitas y dos de sus empleadas en 1989, aunque la causa no se ha dirigido finalmente contra el ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani.
• Por último, según recoge Amnistía Internacional, en septiembre de 2006 se presentó querella por delitos de tortura y genocidio contra gobernantes, militares y otras autoridades marroquíes responsables del mantenimiento del orden en el territorio del Sahara Occidental. La Audiencia Nacional admitió a trámite la querella en octubre de 2007 y las diligencias siguen su curso.