Logroño.- La consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, ha informado hoy sobre el consenso alcanzado entre las 17 Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias en la cumbre sobre violencia de género celebrada en Valladolid la semana pasada.
La propuesta de dictamen, que contiene 22 recomendaciones, ha sido liderada por el presidente de Castilla-León, Juan Vicente Herrera, quien ha sido designado ponente por la Mesa del Comité de las Regiones, informó Loza en rueda de prensa.
Sagrario Loza, se ha mostrado satisfecha por la inclusión en el texto de aspectos relacionados con la violencia de género entre el colectivo inmigrante, la coeducación y la atención a hombres maltratadores.
La Rioja presentó el proyecto de coeducación de Buenos Tratos y el registro de Violencia de género (Proyecto de I+D+I).
La propuesta de dictamen incorpora las actuaciones prioritarias de los entes locales y regionales para prevenir la violencia hacia las mujeres y mejorar la atención a las víctimas.
El documento destaca la necesidad de aumentar las medidas de protección y seguridad de las víctimas, incrementar las acciones de formación en profesionales del ámbito sanitario, educativo, judicial o cualquier otro con la finalidad de prevenir la violencia de género.
La consejera se mostrado satisfecha porque, además, en el dictamen se recoge la acción transversal de esta lacra social y se introduce a la mujer inmigrante, ya que de las 70 víctimas que se produjeron en 2008, el 44,3 % eran extranjeras.
Actuar ante las mujeres inmigrantes debe ser una finalidad y constituye una preocupación para el Gobierno de La Rioja ya que la presencia de los inmigrantes en nuestra región supera en 2 puntos a la media nacional, según Loza.
La propuesta incluye medidas dirigidas al conjunto de la ciudadanía residente en la UE para incrementar la sensibilización, reforzar la educación en igualdad de oportunidades, el respeto a las diferencias, la realización de campañas y la promoción de programas terapéuticos con los hombres agresores, que ya se realizan desde 2000-2001.
Se proponen también programas de inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de malos tratos y actuaciones que permitan su seguimiento, y se insta a promover el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros.
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