Valladolid.- La comunidad autónoma de Castilla y León, a través de sus poderes ejecutivo y legislativo, ha consensuado una propuesta de dictamen contra la violencia machista en el seno de la UE que se debatirá y aprobará, en su caso, a lo largo de 2009 en un pleno del Comité de las Regiones de Europa.
La configuración de la UE como un espacio libertad, seguridad y justicia, sin discriminación por razón de sexo, es el objetivo del borrador presentado hoy a los medios informativos y que mañana aprobará el pleno de las Cortes de Castilla y León por unanimidad de todos sus grupos parlamentarios -PP, PSOE y Mixto-.
A continuación, el proyecto de dictamen se someterá a la consideración de las comunidades autónomas durante una cumbre que se celebrará en Castilla y León este mismo 2008, antes de iniciar su tramitación definitiva en el Comité de las Regiones para someterlo a la consideración de este órgano consultivo de la UE.
Creado en 1994 y con sede en Bruselas, sus 344 miembros en representación de las ciudades y regiones de los veintisiete estados miembros de la UE realizarán las alegaciones oportunas al texto que, en nombre de los municipios y comunidades autónomas de España, defenderá en 2009 y durante un pleno de ese órgano el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
La propuesta de dictamen recoge varias recomendaciones al amparo de la jurisprudencia emanadas desde el ámbito comunitario, e incluso de la ONU, y enumera una serie de recomendaciones entre las que destaca la necesidad de legislar concibiendo la violencia machista "como un problema estructural y político que demanda un firme compromiso por parte de todos los poderes públicos y la ciudadanía".
Recuerda el texto la obligación de los estados miembros "de garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: económico, educativo, político y laboral", y recomienda la formación de unidades especiales dentro de los distintos cuerpos de seguridad, sanitarios y sociales relacionados con ese problema.
Entre otras medidas de atención, la propuesta pide que se tenga en cuenta la problemática específica que padecen algunas mujeres maltratadas, en especial las inmigrantes y las discapacitadas, por tratarse de las más vulnerables.
Sugiere además la puesta en marcha de programas de atención y seguimiento psico-sanitario para las víctimas dentro de una estrategia integral de atención, tanto para las afectadas como para los hijos que tengan a su cargo y que incluye iniciativas para la inserción laboral y profesional de las mismas.
Este último aspecto se materializaría también mediante prácticas que fomenten la contratación de esas trabajadoras mediante planes de formación profesional y ocupación, con el fin de garantizar su independencia y autonomía económica.
Dentro del plano preventivo, la propuesta de dictamen insiste en la necesidad de educar a los niños en la igualdad de oportunidades y en el respeto a las diferencias, así como la realización de campañas que rechacen los comportamientos agresivos hacia las mujeres y que persigan la implicación del conjunto de la población en la erradicación de esa lacra.
Destaca el texto la conveniencia de elaborar estudio sobre la violencia machista en los veintisiete estados de la UE, con el fin de rentabilizar las medidas, programas y estrategias de combate, además de para concienciar sobre el problema y orientar la toma de decisiones políticas y económicas al respecto.
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