Verdades y mentiras sobre el culebrón de la Comunidad de Madrid

Ante la dificultad de seguir la trama en algunos culebrones, se hizo inevitable comenzar cada nuevo capítulo con la fórmula: "Y en el último episodio..." Pues algo así nos vemos obligados a hacer si queremos referirnos al escándalo de espionaje político en la Comunidad de Madrid. Y es que, en el último episodio publicado por el diario 'El País', se dice que Alfredo Prada fue víctima de un seguimiento por parte de ex agentes a sueldo de la Consejería de Interior (dirigida por Francisco Granados), antes de que el propio Prada fuera destituido por Aguirre y fichara por Mariano Rajoy. El ex consejero se ha unido a la lista de altos cargos del PP madrileño que fueron objeto de vigilancia, junto a Ignacio González y Manuel Cobo.

Si el asunto se ha ido pareciendo cada vez más a la trama de una película de cine negro, hoy podríamos decir que un buen director para hacerse cargo de toda este material sería Clint Eastwood. Y es que, en una de sus últimas películas, 'El intercambio', refleja la historia de un cargo público que, ante su negativa a reconocer sus malas artes, deja que la bola se vaya haciendo más y más grande, hasta que acaba por devorarle. En el caso madrileño, como nadie ha reconocido su responsabilidad todavía en ninguno de los hechos, la bola también se está haciendo más y más grande, hasta el punto de que el Partido Popular ha llegado a apuntar hacia una posible "connivencia" del Ministerio del Interior en la trama. Del mismo modo, el presidente Zapatero se ha pronunciado señalando que "en Génova sabe a quién tiene que mirar". Además, la Fiscalía ya ha abierto una investigación sobre el caso. A última hora de la tarde de hoy se ha conocido una nueva información publicada en elpais.com, la cual afirma que "El Gobierno de Aguirre sopesó crear un 'CNI' legal al sentirse espiado". Nos hemos propuesto la titánica tarea de arrojar algo de luz a sobre qué hay de cierto en la trama a través de la siguiente retahíla de preguntas y respuestas.

¿Está probada la existencia de una red de espionaje político tejida en el seno del PP?

Hay una serie de datos, aportados por 'El País', que demuestran a las claras la existencia de una trama de espionaje, como las imágenes publicadas de Ignacio González en Colombia. El diario señala a Enrique Granados como principal responsable de esta red, basándose en las declaraciones que han facilitado sus fuentes y en los datos que han logrado recopilar. Afirma tajantemente la relación de Granados en el caso de Prada y Cobo, y en el caso de González afirma que las imágenes pudieron ser tomadas por alguien cercano al entorno del propio González. Sin embargo, la Comunidad de Madrid lo niega con rotundidad y pone en duda la fiabilidad de esas fuentes.

¿Hay diferencias entre los tres casos de seguimiento?

Los tres casos de espionaje a los que se refiere 'El País' podrían dividirse en dos grupos. El primero, el que se dirigió en agosto de 2008 contra Ignacio González, vicepresidente del grupo popular madrileño y afín a las tesis aguirristas. En este caso, las pruebas presentadas por 'El País' consisten en unas imágenes grabadas con una cámara oculta en Colombia y unos billetes de avión que utilizó González para viajar a Sudáfrica. El segundo, el que tuvo como objetivo a Prada y a Cobo, leales escuderos de Rajoy y Gallardón, respectivamente, y que tuvo lugar en abril de 2008, una etapa en la que las difrentes familias del PP andaban enfrascadas en una declarada lucha de poder. En este caso, las pruebas que aporta 'El País' son las transcripciones de una serie de partes que escribieron los supuestos espías, en los cuales se detallan las actividades y reuniones que mantenían ambos políticos.

¿Es válida la división entre aguirristas y gallardonistas?

Aunque el artículo 7 de los estatutos del PP asegura que "todos los militantes tienen el deber de respetar pública y privadamente el honor y la imagen del Partido, de sus Órganos y de todos sus afiliados", y el artículo 11 considera como "infracción muy grave crear o inducir a la creación de corrientes de opinión organizadas en el seno del Partido, así como participar en ellas", lo cierto es que resulta inevitable referirse a las continuas tensiones y a los dos bandos que se alojan en el seno del PP madrileño: el de los aguirristas y el de los gallardonistas. Este hecho queda patente en la diferente reacción y los reproches mutuos que han mostrado ambos bandos tras conocerse el caso.

El diario 'El País' ha colocado a Francisco Granados, actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior, como presunto artífice de este supuesto entramado de vigilancia 'parapolicial'. Por su parte, el propio Granados se ha defendido hoy en una extensa rueda de prensa argumentando que la existencia de una supuesta red a su cargo no es más que una "gran mentira". Del mismo modo, ha llamado a una pronta aclaración del caso de espionaje a Ignacio González, mientras que ha restado credibilidad a la vigilancia sobre Prada y Cobo, afirmando que no están suficientemente "acreditados". El sector 'aguirrista' se ha esforzado en transmitir una gran sensación de unidad, como demuestra el hecho de que Granados y González hayan comparecido juntos a la rueda de prensa de hoy, a pesar de sus diferencias personales. El argumento que sostienen es que Aguirre está siendo víctima de una operación de acoso y derribo, una postura que la propia presidenta regional ha enfatizado hoy: "Soy la principal perjudicada y la principal interesada en que se aclare", ha dicho. Además, ha añadido que pondría la mano en el fuego por todos y cada uno de sus consejeros.

¿Y los servicios de contravigilancia?

Francisco Granados ha mantenido que los responsables de seguridad de la Consejería de Interior no se han extralimitado en sus funciones y que se han encargado de cumplir con sus atribuciones: la vigilancia de edificios y altos cargos de la administración. Sin embargo, estos servicios fueron incapaces de detectar, por ejemplo, la vigilancia a la que fueron sometidos González o Prada. Además, el minucioso seguimiento del que fue objeto González ha llevado a pensar que tal vez la vigilancia procedía del entorno de la Consejería. "Los servicios de la Comunidad llegan hasta donde llegan y, por ejemplo, la toma de imágenes en Colombia, no es incompatible con el buen funcionamiento de la seguridad", ha asegurado Granados.

¿Por qué ha salido ahora a la luz?

Hay más de una posible respuesta a esta cuestión: desde las habituales luchas intestinas por el poder en los grupos políticos hasta la pugna entre las dos facciones del PP madrileño por hacerse con el control de Caja Madrid.

¿Cómo puede finalizar todo esto?

Ésta es la verdadera incógnita. Pocos conocen el desarrollo que pueden tomar los acontecimientos, por lo que es difícil saber si alguien acabará pagando un importante precio político. Lo cierto es que si se demuestra la existencia de los servicios 'parapoliciales' y que han sido financiados con fondos públicos, las consecuencias podrían ser devastadoras. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid existe algún precedente de investigaciones que nunca llegaron a resolverse, como la del robo de un ordenador que podría contener información comprometedora en la Consejería de Justicia e Interior.