Madrid.- Catorce militares salvadoreños serán investigados por la Justicia española por su presunta implicación en la matanza de seis jesuitas y dos de sus empleadas en 1989, pero la causa no incluirá al ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani, como pedían las organizaciones demandantes.
El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco admitió una querella presentada el pasado 13 de noviembre por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (EEUU).
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional instruirá la causa contra los catorce miembros del Ejército de El Salvador por delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.
Sin embargo, en un auto judicial hecho público hoy, Velasco argumenta que no hay "base indiciaria suficiente" para admitir la querella contra el ex presidente Cristiani.
Destaca, además, que al ex mandatario no se le ha imputado por delitos de "participación en crímenes terroristas o de otra naturaleza de persecución universal", sino por un supuesto delito de encubrimiento que no tiene "persecución" universal.
En un comunicado, la APDHE, presidida por el letrado Manuel Ollé -que ejerció la acusación en la causa contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet- destacó que la admisión de la querella supone "un paso adelante en la lucha contra la impunidad" y "el reconocimiento del derecho a la tutela judicial de las víctimas".
Asimismo, indica que la decisión judicial "complementa todos los esfuerzos de la sociedad salvadoreña para el enjuiciamiento de los responsables de los horrendos crímenes cometidos en la década de los ochenta" que "ofenden a toda la humanidad".
El 16 de noviembre de 1989, en el marco de una ofensiva emprendida por la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, hoy partido de izquierda), fuerzas del Ejército salvadoreño, actuando como Escuadrón de la Muerte, irrumpieron en la Universidad Centroamericana (UCA) y dieron muerte a su rector, el jesuita español Ignacio Ellacuría.
Además, asesinaron a los sacerdotes de la misma nacionalidad Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, al salvadoreño Joaquín López y López, así como a la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
La querella se apoya en el principio de justicia universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez español Baltasar Garzón.
En su querella, las dos organizaciones acusaban al ex presidente Cristiani (1989-1994), comandante en jefe de las Fuerzas Armadas salvadoreñas en 1989, de ser "cómplice" por "encubrir" el crimen, y a los catorce militares de ser "los responsables" del mismo.
Se trata de los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, además de los coroneles Inocente Orlando y Francisco Elena Fuentes.
La demanda incluye también a los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos.
Asimismo están acusados los sargentos Antonio Ramiro Avalos y Tomás Zárpate, así como el cabo Ángel Pérez y los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra.
Por este crimen ya fueron juzgados en El Salvador, en 1991, una decena de militares, pero sólo dos de ellos, el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno y el teniente Yussy Mendoza, fueron a prisión, aunque después quedaron en libertad tras la aprobación en la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.
Para comenzar su investigación, Velasco cita a declarar al ex fiscal general de El Salvador, Belisario Amadeo Artiga; al juez Ricardo Zamora y a los abogados Henry Campos y Sideny Blanco, que ejercieron la acusación particular en la causa seguida en el país centroamericano contra militares acusados de la matanza.
Pide además que le remitan las actuaciones seguidas en aquel país y solicita una comisión rogatoria a las autoridades estadounidenses para lograr que testifiquen dos nacionales de EEUU, el congresista William McCollum y el mayor del Ejército de EEUU Erick Buckalnd.
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