Bilbao.- El sobreseimiento decidido hoy por la sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ha visto la causa contra Ibarretxe, López, Ares y cinco dirigentes de la izquierda abertzale pone un "punto y aparte", a la espera de los recursos ante el Tribunal Supremo, a más de 32 meses de procedimiento judicial.
Este caso se inició el 27 de abril de 2006 al interponer el Foro Ermua una querella contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena por la reunión que habían mantenido ocho días antes en Ajuria Enea.
La querella fue admitida a trámite en junio de aquel año, decisión que supuso el recrudecimiento del enfrentamiento entre el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno vasco tripartito de PNV-EA-EB, que ya venía por el proceso anterior a Juan María Atutxa, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao por no suspender el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak.
En julio de 2006 se produjo la reunión de Patxi López y Rodolfo Ares con Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia en una hotel de San Sebastián, que motivará otra querella del Foro Ermua, además de la denuncia del PP vasco al TSJPV.
El 31 de enero de 2007, todavía con las dos querellas tramitadas de forma separada, el lehendakari declaró por primera vez ante el tribunal, dos días después de una multitudinaria manifestación en su apoyo organizada por el tripartito en Bilbao.
En abril de 2007, ya con Dignidad y Justicia también como acusación popular, llegaría el turno de declarar de López y Ares y después del verano, en octubre, el juez instructor, Ricardo Saiz, decretó la apertura de juicio oral tras desestimar la sala de Civil y Penal del alto tribunal vasco los recursos presentados en los que se pedía el archivo de la causa.
Durante el siguiente año, hasta septiembre de 2008, se sucedieron las recusaciones de las partes contra los jueces que debían ver la causa, incluso contra los magistrados de la sala especial que debían decidir las recusaciones.
Así, hasta el 11 de septiembre de 2008 no quedó conformado el tribunal que debería juzgar el caso, que debido a las recusaciones aceptadas sólo ha tenido un magistrado de lo Civil y Penal, Antonio Subinas, y se ha completado con dos magistrados de lo Social, Manuel Díaz de Rábago y Juan Carlos Benito-Butrón.
Ahora, tras el sobreseimiento decidido por este tribunal, el caso continuará en el Supremo, ante el cual las acusaciones populares de Foro Ermua y Dignidad y Justicia ya han anunciado que recurrirán.
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