Los jueces conceden una prórroga al CGPJ, pero con condiciones

Un grupo minoritario de jueces ya había anunciado la convocatoria de una huelga para el próximo 18 de febrero. Hoy mismo, las cuatro principales asociaciones judiciales han anunciado que llevarán a cabo un acto de protesta en todas las sedes judiciales ese mismo 18 de febrero para exteriorizar el "malestar" y el "hartazgo" de la carrera, y, además, han avisado de que, si no se cumplen sus reivindicaciones, convocarán una huelga para el próximo 26 de junio. Mientras, por su parte, José Blanco, vicesecretario general del PSOE, ha advertido a los jueces de que, por ley, para ellos "no es posible" celebrar una huelga. ¿Qué lectura puede extraerse de todo este barullo?

¿Qué novedad supone la decisión de las asociaciones judiciales?

Hasta el momento, las asociaciones judiciales habían contemplado con buenos ojos la celebración de una huelga, pero sólo como último recurso ante un posible incumplimiento de sus demandas y después de haber agotado otras vías. En esta línea, las asociaciones mayoritarias insisten en que el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sólo lleva cuatro meses de actividad, por lo que no han tenido tiempo de llevar a la práctica sus propuestas de mejora de la Justicia. Del mismo modo, han opinado en más de una ocasión que los nuevos integrantes del Consejo han demostrado una mayor actividad y una apuesta más decidida por el diálogo que en años anteriores. Sin ir más lejos, las asociaciones se reúnen el próximo miércoles con los jueces decanos y los vocales de la Comisión de Modernización del CGPJ para tratar sobre las propuestas de mejora.

Con la decisión que hoy han tomado, las asociaciones judiciales llevan a la práctica la postura que, de forma informal, habían venido manteniendo. Es decir, conceden una prórroga al CGPJ para demostrar que su compromiso de modernización y de mejora es firme. Sin embargo, los magistrados quieren presionar y dejar patente su malestar mediante el acto previsto para el 18 de febrero, al tiempo que su propuesta encierra un ultimátum, una advertencia de que van en serio, ya que han fijado un plazo para evaluar los resultados: el próximo 26 de junio. Para valorar el grado de cumplimiento de sus aspiraciones, las asociaciones tendrán en cuenta la tabla común de reivindicaciones que hoy han consensuado, entre las que se encuentra la urgente instauración de la nueva Oficina Judicial, la incorporación de las nuevas tecnologías a los juzgados y una revisión en profundidad de la actual planta judicial.

¿Se mantiene la huelga que algunos jueces ya habían fijado el 18 de febrero?

El pasado mes de noviembre, los magistrados celebraron una serie de juntas (huelgas encubiertas para algunos) en la que salieron dos posturas. Los jueces más beligerantes —murcianos y extremeños— decidieron fijar una huelga para el próximo 18 de febrero. Los jueces restantes optaron por la prudencia y prefirieron postergar su decisión hasta el 21 de enero, fecha en la que se volverán a celebrar juntas de jueces para decidir si, finalmente, se suman a la convocatoria de huelga del mes próximo.

La jornada de protesta que han anunciado hoy las cuatro asociaciones coincide con la fecha en la que se había fijado la huelga —el 18 de febrero—, por lo que este anuncio se ha leído como un intento de rebajar la amenaza de huelga y evitar que muchos jueces se sumen a ésta. Lo cierto es que un poco más del 50% de los jueces pertenece a alguna asociación, por lo que la postura oficial de cada una de ellas —APM, JpD, AJFV y FJI— puede resultar muy influyente. De momento, se sabe que la Judicatura madrileña debatirá el próximo 21 de enero, en la anunciada junta de jueces, si se suman a la huelga o a la protesta convocada por las asociaciones, según ha informado Europa Press. En resumen, los jueces habrán de escoger entre tres posibles opciones: hacer huelga el 18 de febrero, llevar a cabo una protesta más ligera ese mismo día (con la opción de hacer huelga en junio) o seguir trabajando.

Y, entonces, ¿qué pasa con el famoso derecho a huelga de los jueces?

Éste es un asunto que está dando mucho que hablar. Algunos, como José Blanco, se han animado a decir que los jueces no gozan de tal posibilidad. Quienes defienden esta posición, por lo general, se basan en una interpretación bastante holgada del artículo 127 de la Constitución: "Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos". Por su parte, el CGPJ no ha llegado a negar en ningún momento ese derecho para los jueces, si bien ha hecho algunas declaraciones ambiguas ("el derecho a huelga no está reconocido, ni prohibido. No está previsto", dijo la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo) y otras contundentes ("el Consejo no va a tolerar actuaciones o acuerdos ilegales", dijo también Bravo en referencia a la amenaza de huelga).

El CGPJ se ha mostrado cauto en todo momento a la hora de pronunciarse sobre si el derecho a huelga asiste a los jueces, aunque fuentes del propio Consejo aseguran con resignación que, en su día, nadie llegó a pensar que los jueces pudieran llegar a organizar una protesta similar. Y ésa es la razón por la que no está recogido en ninguna ley, y, por tanto, puede llevarse a cabo. Eso sí, el Consejo se reserva la potestad de sancionar a aquellos jueces que, durante una hipotética jornada de huelga, dejen de lado sus funciones.