Madrid.- Las asociaciones judiciales plantearán mañana sus demandas al Consejo General del Poder Judicial, pero esta vez lo harán divididas por la huelga que han convocado para el 18 de febrero la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), desmarcándose del resto.
La reunión de este lunes, convocada por el CGPJ para examinar las reclamaciones de los jueces, se produce después de que la AJFV y el FJI hayan dado por rotas las negociaciones con el Ministerio de Justicia y hayan decidido sumarse a esa huelga del 18-F que ya habían convocado los jueces de al menos una decena de provincias y de algunas ciudades clave, como Madrid o Barcelona.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), con quienes AJFV y FJI habían consensuado un "documento reivindicativo" que aplazaba al 26 de junio la huelga, ven "inoportuna" la protesta, en pleno diálogo con el Gobierno.
En eso coinciden con el Ministerio de Justicia, que ha considerado esta medida de presión "injustificada e injustificable", y ha pedido una reflexión a los promotores del paro.
De momento no parece que vayan a dar marcha atrás, aunque en el seno de las asociaciones también hay debate interno.
La convocatoria de huelga ha coincidido con el cambio de portavoz de la AJFV, puesto que abandonó Lorenzo del Río "por razones personales" el pasado viernes durante la misma reunión en la que se aprobó adelantar la protesta.
El clima de malestar en la carrera judicial no ha mejorado tras el encuentro que mantuvieron las asociaciones la semana pasada con el ministro Mariano Fernández Bermejo, que se comprometió a aumentar con 20 millones de euros la dotación para la modernización tecnológica de la Justicia.
De hecho, después de esa reunión, se han unido a la huelga del 18-F -que habían convocado los jueces de Extremadura, Murcia y Zamora-, provincias como Sevilla, Valencia, Alicante, Teruel, Girona, Cuenca y Pontevedra, además de las asociaciones AJFV -segunda en número de asociados- y FJI.
Aunque el CGPJ cifró en un 20 por ciento el apoyo a la huelga en las juntas y asambleas celebradas el 21 de enero, fuentes judiciales consultadas por EFE, aseguran que 1.158 jueces de los alrededor de 4.500 que integran la carrera judicial, y más de un 70 por ciento de los que votaron, se pronunciaron a favor de la huelga.
Según estos datos, el "Sí" al paro del 18-F representaría a un 25,87 por ciento de los jueces en activo en España.
Dada la situación, el CGPJ ya ha comenzado a analizar la postura que adoptará frente a esta huelga de jueces, y en la reunión de mañana con las asociaciones habrá ocasión de analizar los mecanismos que existen para articular una protesta sin precedentes en España.
Es un debate complicado, ya que, al no estar regulado en ningún sentido el derecho a huelga de los jueces, tampoco hay una postura definida sobre quién esta legitimado para convocar el paro, fijar los servicios mínimos o incluso practicar el descuento correspondiente a los magistrados que lo secunden.
Ni siquiera los jueces lo tienen claro, pero de momento algunos comités de huelga ya han enviado el pre-aviso de la convocatoria al Ministerio, a la Comunidad Autónoma correspondiente y al CGPJ, al entender que con las tres instituciones tienen que negociar sus demandas.
La cuestión también se analiza ya en la Abogacía del Estado, que estudia desde hace unos días quién es la patronal contra la que protestan los jueces: el CGPJ o el Ministerio de Justicia.
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