Después de varios meses de acuerdos y desacuerdos, por fin se ha celebrado la primera huelga de jueces en España. El seguimiento ha sido considerable —un 62% según los convocantes, un 35% según el CGPJ—, pero lo verdaderamente importante es que puede marcar un antes y un después en el mundo judicial. Y es que, desde que se levantaron las primeras voces a favor de la huelga se han venido produciendo unas transformaciones que hoy han alcanzado su máxima expresión.
Por ejemplo, la protesta no hubiera sido posible sin el intercambio de correos electrónicos de muchos jueces a través de la red interna del Poder Judicial. Así tomó cuerpo la protesta y nació el llamado 'movimiento ocho de octubre'. Concretamente, durante la jornada de hoy, la red privada de los jueces ha echado humo, de modo que a mediodía ya se había sobrepasado la cifra de 500 mensajes enviados.
Es más, la uitlización que hoy han hecho los togados de su correo, en ocasiones, ha recordado incluso a las redes sociales más en auge como 'twitter', ya que algunos han ido informando sobre la marcha, con frases breves, del seguimiento que en sus respectivos tribunales gozaba la huelga: "Datos a las 11.00. Alicante un 76,6% de los jueces y magistrados. Más de 1.500 jueces de huelga en toda España. En Málaga, capital y provincia, supera el 70%". En otras ocasiones, se lanzaban consignas y recordatorios para calcular el seguimiento: "No somos 4.479 jueces llamados a la huelga, sino 3.768, ya que hay que descontar a los jueces en servicios especiales, magistrados del TS, miembros del gabinete técnico del TS, jueces con licencia, de baja, etc.".
Así pues, aunque nunca dejará de correr el rumor de que hay jueces que aún dictan sus sentencias a una grabadora, para que la secretaria las transcriba posteriormente, lo cierto es que vemos síntomas del nacimiento de algo así como una judicatura 2.0, mejor preparada para vencer los problemas de aislamiento que siempre han frenado cualquier acción conjunta.
Otro cambio importante es que en la jornada de hoy se ha derrumbado, hasta cierto punto, el muro que tradicionalmente ha separado a los jueces del resto de la sociedad. No en vano, las encuestas del CIS suelen situar a los jueces como el colectivo peor percibido. Pues bien, hoy en algunas sedes se han celebrado jornadas de puertas abiertas para los ciudadanos, quienes han podido comprobar con sus propios ojos las condiciones laborales de los magistrados. Podría considerarse como la primera campaña de 'marketing' en la judicatura.
Por ejemplo, los Juzgados madrileños de Plaza de Castilla, en los que trabajan 162 jueces, siempre han sido un lugar pintoresco: se trata de un edificio mastodóntico y añejo cuyo interior es algo así como las tripas de Moby Dick, con las clásicas pancartas de los funcionarios pidiendo mejoras en la Justicia, con los familiares de los detenidos que intentan hablar con ellos a través de los minúsuclos respiraderos de los calabozos... Sin embargo, la escena de hoy era inédita, en la medida en que los periodistas y los jueces han estado charlando amigablemente, hasta el punto de que se ha permitido la entrada masiva de cámaras y grabadoras, algo que siempre ha estado prohibido en dicha sede judicial.
En estas charlas los jueces han expuesto abiertamente sus demandas. Y ha habido comentarios y jueces para todos los gustos: los apesadumbrados ("los primeros que lamentamos haber llegado a esta situación somos nosotros, pero era inevitable"), los oenegeros ("ésta es la primera huelga en la que los convocantes no buscaban mejorar su situación, sino la de los ciudadanos"), los familiares ("no queremos tener que llegar a nuestras casas y seguir trabajando, queremos poder disfrutar de nuestras familias y vida privada"), los estresados ("sólo queremos gozar de un tiempo de reflexión adecuado antes de dictar sentencias, y no tener que decidir sobre cuestiones tan importantes fatigados y casi sin respiro") y un largo etcétera de tipos.
Y aún hay más cambios, si observamos el plano asociativo. En un principio, las asociaciones judiciales caminaban de la mano en sus reivindicaciones, a través de la "C.I.P." (la Comisión Interasociativa Permanente), cuya postura era reticente a celebrar la huelga de hoy. Sin embargo, la AJFV y el FJI se disgregaron y decidieron acudir al paro. Mientras, algunos de los miembros de las otras asociaciones, la APM y la JpD, han decidido sumarse a la convocatoria a título individual aunque sus organismos eran partidarios de no hacerlo. En resumen, el mundo asociativo ha sufrido una especie de terremoto, de forma que algunos jueces ya han rebautizado la "C.I.P.", y ahora se refieren a ella, sencillamente, como la "R.I.P." (requiéscat in pace, o descanse en paz).
En una rueda de prensa celebrada hoy, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha anunciado aún más cambios, en otro orden de cosas, como consecuencia de la huelga. Y es que ha dicho que llevará al consejo de ministros "un proyecto para regular el derecho a huelga de los jueces", desde la evidencia de que "un poder del Estado no puede ejercer ese derecho". No es una reacción novedosa en Bermejo, quien ya anunció la reforma del régimen disciplinario de los jueces tras la decisión del CGPJ de no sancionar al juez Tirado, con la que el ministro estaba en manifiesto desacuerdo.
Según parece, y aunque el ministro ha afirmado que sigue abierto al diálogo, hay una única cosa que no va a cambiar tras la celebración de la primera huelga de la judicatura española: la difícil relación y las tiranteces que mantienen el ministro Bermejo y los jueces. "Nos vemos haciendo otra huelga el próximo 26 de junio", fecha en la que se baraja la celebración de un nuevo paro si no se solucionan las diferencias, comentaban algunos jueces en Plaza de Castilla.
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