Bogotá.- La Procuraduría General de Colombia formuló hoy cargos contra el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y el ex ministro del Interior y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt, por las presuntas irregularidades en la aprobación en el Congreso de la reelección del presidente Álvaro Uribe.
Los cargos por "posibles irregularidades disciplinarias" se enmarcan en el llamado escándalo de la "yidispolítica".
Ese escándalo se desató en abril de 2008 tras declaraciones de la ex representante a la Cámara Yidis Medina, quien admitió haber recibido ofrecimientos de dádivas de parte de funcionarios del Gobierno a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió que Uribe aspirara a un segundo mandato.
La Procuraduría formuló cargos similares al ex viceministro del Interior y de Justicia, Hernando Angarita y al ex representante a la Cámara, Teodolindo Avendaño.
La Procuraduría, ente de control disciplinario del funcionariado en Colombia, considera que el ministro Palacio pudo "violar la reserva procesal al revelar piezas (...) en el proceso (...) y por negarse a suministrar información requerida".
Palacio, añade la Procuraduría, "amparado en su condición de sujeto procesal solicitó y obtuvo copias de la versión libre rendida por la ex congresista Yidis Medina, en otro proceso también cobijado con reserva, copias que posteriormente y de manera personal dio a conocer a los medios de comunicación" en una rueda de prensa.
Los documentos en cuestión contenían, entre otros datos, los números telefónicos de la misma Medina, que coincidirían con los citados por el presidente Álvaro Uribe como aquellos números desde los cuales se habrían realizado llamadas de presión a su hijo Tomás.
En un segundo proceso la Procuraduría elevó pliego de cargos contra Pretelt y el ex viceministro Angarita "por ofrecer la vinculación de recomendados del señor Teodolindo Avendaño a la administración pública con ocasión del trámite del proyecto de reelección presidencial".
Contra Avendaño, por su parte, se presentaron cargos "por incurrir en cohecho propio, al haber recibido utilidad y promesa remuneratoria para omitir un acto propio de su cargo, como fue haberse retirado de la discusión y votación del proyecto de reforma de Acto Legislativo, garantizando con ello la aprobación del mismo".
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