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La Corte Suprema condena a un congresista por favorecer la reforma para la reelección de Uribe

EFE
Actualizado 04-06-2009 04:59 CET

Bogotá.-  La Corte Suprema de Justicia (CSJ) condenó hoy al ex congresista Teodolindo Avendaño a ocho años de prisión por facilitar la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección del presidente colombiano, Álvaro Uribe, en 2006.

De acuerdo con lo expresado a periodistas por el presidente de la sala penal de la CSJ, Julio Socha, la condena al ex parlamentario es por enriquecimiento ilícito y cohecho, delito que se configura al pedir o aceptar favores a cambio de algo.

Avendaño recibió prebendas, entre ellas una notaría, a cambio de ausentarse, en 2004, en momentos en que se votó el proyecto de reelección presidencial.

El político, que era miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, fue detenido en mayo pasado y actualmente se encuentra en una cárcel de Bogotá.

Hace unos meses, la Procuraduría General de la Nación había pedido la condena para el ex parlamentario.

Horas antes de conocerse la medida contra Avendaño, la CSJ también había divulgado una condena de seis años de prisión al ex legislador Iván Díaz Mateus por haber presionado a la parlamentaria Yidis Medina para que votara en favor del proyecto de enmienda constitucional que le permitió a Uribe concurrir, con éxito, a los comicios de mayo de 2006.

La reforma fue gestionada en 2004, por iniciativa de la coalición mayoritaria del Gobierno en el Congreso, que ahora busca, por la vía del referendo, cambiar de nuevo la Carta Magna para que el jefe del Estado pueda buscar una segunda reelección en 2010.

Díaz ocupó un escaño en la Cámara de Representantes de 2002 a 2006 y por la época de gestión del proyecto de reforma constitucional cedió el lugar a Yidis Medina, que purga en su domicilio una pena de tres años y once meses de prisión.

La ahora ex legisladora confesó que el Gobierno le ofreció y entregó a ella y a su colega Teodolindo Avendaño prebendas para que facilitaran la aprobación del proyecto.

La administración del presidente Uribe ha negado reiteradas veces que haya hecho ofrecimientos a los parlamentarios que permitieron la enmienda constitucional.

La ex parlamentaria Medina ha acusado al embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt, y al ministro de la Protección social, Diego Palacio, de ofrecer prebendas.

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