Palma.- El dirigente de Esquerra Unida (EU) en Baleares, Eberhard Grosske, ha acusado al alcalde socialista de Capdepera, Bartomeu Alzina, de "mentir clarísimamente" respecto a la actuación municipal en las obras ilegales del hotel Son Moll, cuyo hundimiento causó la muerte de cuatro obreros en diciembre.
En rueda de prensa, el coordinador de EU, que gobierna en coalición con el PSOE en Capdepera, ha asegurado que, "en contra de lo que se ha afirmado reiteradamente, nunca se ordenó paralizar las obras y ni tan solo abrir un expediente de disciplina urbanística que permitiese dar esta orden".
Grosske ha indicado que los boletines del celador municipal con estas instrucciones "no tienen valor administrativo" y por ello son "papeletas asusta-viejas", y ha reiterado que el derrumbe "no se hubiera producido nunca si el Ayuntamiento hubiera actuado de acuerdo con la Ley".
El dirigente ha dicho que "esta tragedia no es un accidente" y que hay "responsables inmediatos, que son el promotor, el constructor y el coordinador de seguridad", así como "otro responsable" que es el municipal, aunque no ha pedido la dimisión del alcalde, que sí fue reclamada por el PP.
En este sentido, Grosske ha puntualizado que la rueda de prensa de hoy no había sido "convocada para pedir la dimisión del alcalde", aunque ha subrayado que "la resultante de la actuación municipal ha sido escandalosa porque pagan el pato la dos concejalas que han levantado la voz para pedir cambios por lo que ha pasado", en referencia a las dos regidoras de Izquierda Unida-Els Verds, Maria Orts y Virginia Urdangarín, cesadas por el alcalde.
Eberhard Grosske ha admitido, sin embargo, que "la responsabilidad tiene que ser asumida por quien no ejerció sus competencias de una manera adecuada y por quien encima mintió a la opinión pública".
"La crisis interna del Ayuntamiento de Capdepera se sustanciará localmente y nuestras concejalas ya se encargan de defender sus propios intereses y cuentan con todo nuestro apoyo, porque es evidente que la crisis ha sido un escándalo", ha declarado el portavoz de Izquierda Unida.
Grosske ha añadido que lo que EU quiere "es poner de relieve un problema muy de fondo", que es, ha destacado destacó, "una falta de nervio por parte de las instituciones municipales a la hora de defender la legalidad y a la hora de defender la seguridad de los trabajadores".
El también teniente de alcalde de Palma ha anunciado que EU-Els Verds, en la docena de ayuntamientos en los que está representada, exigirá que se pongan "todos los medios humanos y materiales necesarios" y, sobre todo, "la voluntad política precisa" para que se aplique el protocolo ante obras ilegales.
Eberhard Grosske ha explicado que este protocolo consiste en "abrir un expediente de disciplina urbanística al día siguiente de la detección de unas obras sin licencia y, a continuación, poner en marcha de forma inmediata el mismo día el decreto de paralización cautelar de las obras, notificando la paralización con la máxima urgencia y paralizándolas subsidiariamente en 48 horas si las obras siguen en marcha".
Preguntado sobre si este tipo de medidas recogidas en el protocolo que propone la coalición se están aplicando en los demás ayuntamientos, Grosske respondió de forma rotunda que "un protocolo así no se está llevando a cabo en ninguna parte".
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