A las ONGs que trabajan en defensa de los inmigrantes no les gusta que se siga legislando en materia de derechos dependiendo de la situación administrativa en la que se encuentren las personas. Por eso critican que en el borrador de la futura Ley de Extranjería —que hoy ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros— no sólo se amplíen los días de internamiento (siguiendo las recomendaciones de la 'directiva de la vergüenza'), sino que se "otorguen derechos fundamentales a los ciudadanos dependiendo de si tienen o no papeles". Aunque no todos son críticas. Valoran positivamente que se regule el acceso de ONGs a los centros de internamiento o que se recoja la ampliación de derechos fundamentales que habían sido recordados por el anterior Gobierno.
En la modificada Ley de Extranjería —pendiente ahora de la valoración que hagan del texto distintos organismos consultivos, como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial o el Foro para la Inmigración— el Gobierno de Zapatero combina "aspectos positivos", con otros "que siguen estigmatizando a los inmigrantes", según Alfredo Abad, secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). A esta organización le preocupa que se siga "cosificando" a los inmigrantes, otorgándoles derechos según su regulación.
Por ejemplo, la nueva ley reformará los mecanismos de reagrupación familiar, ampliando el derecho de los inmigrantes que lleven más de un año de residencia legal a traer a su pareja de hecho (antes era sólo al cónyuge) y a sus hijos menores de 18 años. En lo que se refiere a ascendientes, sólo se podrán traer a sus padres, siempre y cuando lleven cinco años residiendo y éstos tengan más de 65 años. "La ley vuelve a considerar al inmigrante como una amenaza, como que nos engaña. Se transmite la idea de que la reagrupación es una forma de coladero y esto es falso", apunta Abad, que aclara que "toda persona tiene derecho a vivir en familia, y esto no puede estar condicionado a nada".
"Con esta forma de concebir la reagrupación se lanza el mensaje de que las personas que no cotizan no son bien recibidas", apunta Javier Ramírez, portavoz de SOS Racismo. El ministro de Trabajo e Inmigración no lo ve así. "La reagrupación nuclear —cónyuge e hijos— se intenta hacer de la forma más rápida para fortalecer los vínculos y el arraigo", según ha asegurado Celestino Corbacho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "En este sentido, eliminaremos la contradición que supuso no otorgar permisos de trabajo a los hijos de entre 16 y 18 años, porque eso no facilita la integración". Pero en la reagrupación de los ascendientes "debe tenerse en cuenta que la capacidad de acogida no es ilimitada".
Desde SOS Racismo, que se opone a cualquier Ley de Extranjería, "hipócritas e innecesarias porque los inmigrantes no son ciudadanos de segunda con distintos derechos", se valora el endurecimiento de las penas contra los empresarios que contraten a indocumentados —multas de entre 10.001 y 100.000 euros, además de costear las repatriaciones—, pero "no vemos que se den garantías de seguridad a los inmigrantes para que denuncien sin el temor de ser expulsados", afirma Ramírez.
Estas ONGs coinciden en denunciar la aplicación de la directiva europea sobre retención, conocida como 'de la vergüenza', que en el caso español, tal y como ya se había anunciado, supondrá una ampliación de los actuales 40 días a 60. "Una falta administrativa no puede acarrear la pérdida de libertad por parte de un ciudadano y, por tanto, estos centros de retención no deberían existir", señala Abad. "Con esta directiva se criminaliza a los inmigrantes y se les castiga por un problema que es responsabilidad de los Estados, incapaces de hacer un control de los flujos migratorios", añade.
La reforma de la Ley de Extranjería también contempla ya las modificaciones a las que obligaba el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional algunos aspectos de la vigente normativa. En concreto, el Alto Tribunal declaró contrarios a la Carta Magna la limitación de derechos fundamentales como el de asociación, reunión, educación, sindicación y asistencia jurídica gratuita. "El Constitucional puso en evidencia la contradicción que ahora también denunciamos, y es que los inmigrantes son sujetos de derecho, independientemente de su situación administrativa", apunta Abad.
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