Hassan y Elena —nombres ficticios— están sentados en la mesa de su cuarto de estar con un libro abierto. Ella le enseña castellano, él árabe. Ella es española y tiene 30 años; él es marroquí y tiene 18. Viven juntos desde hace una semana y para ninguno de los dos es la primera vez. La casa de Elena, educadora, ha estado abierta para otros muchos 'sin papeles' que ha acogido durante el tiempo que han necesitado para regularizar su situación: les proporciona comida, alojamiento y asistencia para todos los problemas que les vayan surgiendo. Con uno de ellos convivió durante cuatro años. También Hassan ha estado en casa de otros españoles que le han echado una mano en otros momentos difíciles de su estancia en España.
Dentro de poco tiempo, si el anteproyecto de la Ley de extranjería que maneja el Gobierno no sufre ninguna modificación, esta situación cotidiana podrá ser objeto de sanción para Elena. El artículo 53 considerará una "infracción grave", con multas de entre 501 y 10.000 euros, la promoción de la "permanencia irregular en España de un extranjero". El texto, que ya ha sido aprobado en el Consejo de Ministros y que pronto empezará su andadura parlamentaria, entiende que se fomenta la permanencia irregular cuando el extranjero depende económicamente del infractor y se prolonga la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto. La versión del Gobierno es que esta medida ayudará a combatir las mafias que se aprovechan de la situación de necesidad de los 'sin papeles'. Pero, ¿qué pasará a partir de entonces con todas esas personas, congregaciones religiosas y organizaciones no gubernamentales que han decidido echar una mano a inmigrantes indocumentados de forma altruista?
"¿Te imaginas que un día me encuentro con la calle contigo y no te puedo saludar?", bromea Elena. Hassan pone cara de susto y ella enseguida le responde: "Que no, tonto, es una broma". Este diálogo es el mejor ejemplo de la actitud que piensan tomar en caso de que el anteproyecto cristalice finalmente tal y como hoy está concebido. No permitirán que ninguna ley trunque su convivencia. "Hemos pensado iniciar una campaña de autoinculpación, porque no queremos dejarnos intimidar por leyes que fomentan una sociedad xenófoba", afirma la educadora. Para Hassan, que el Gobierno persiga a las personas que tratan de ayudar a los ilegales sólo traerá más problemas. "Con estas soluciones en realidad se evitan robos y trapicheos", coincide Elena.
Ellos no son los únicos que piensan así. Una marea de oposición a la medida ha surgido agrupándose inmediatamente en torno a una plataforma llamada 'Salvemos la hospitalidad'. "Esta reforma tiene una enorme trascendencia ético política: crea una norma que convierte en ilegal un principio-valor tan estructuralmente necesario en un Estado como es la solidaridad", afirma el manifiesto que han lanzado. Promovida por abogados, educadores, sacerdotes y artistas, 'Salvemos la hospitalidad' pide la modificación del anteproyecto. Si el problema es que las mafias se benefician de la situación de indefensión de los inmigrantes ilegales, sería necesario que el texto normativo incluyera como condición necesaria para aplicar cualquier sanción el ánimo de lucro del infractor, tal y como explica Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo —la llamada 'Iglesia roja'—, uno de los impulsores de esta iniciativa y todo un veterano acogiendo a inmigrantes en situación irregular en su casa.
En muchos casos, los inmigrantes acogidos son adolescentes que llegaron a nuestro país cuando eran menores y que se escaparon del centro de internamiento en el que se encontraban o que, al cumplir la mayoría de edad, salieron a la calle sin su situación administrativa resuelta —por negligencia de la Administración—. Personas como Javi o Elena les ofrecen, entre otras cosas, una vivienda en la que pueden empadronarse y acceder a la seguridad social y, en muchos casos, los ayudan a obtener 'pruebas de arraigo' que certifiquen que tienen una vida asentada en España y puedan contribuir a conseguir los permisos que regularicen su estancia. Esto es, según la opinión de la educadora, lo que está tras la medida que ha tomado el Gobierno. "Todos estos cauces al margen de lo institucional para colaborar y que consigan lo que quieren no gustan mucho a las autoridades", comenta.
Pero a pesar de su expresa voluntad de desacato, saben que el artículo 53 puede hacerles también mucho daño. "Este tipo de sanciones, aunque no son penales, generan antecedentes desfavorables que pueden dificultar el acceso a subvenciones públicas", explica Patricia Fernández, asesora legal de la Coordinadora de Barrios. Y es que muchas de las acogidas que podrían empezar a perseguirse se realizan en la órbita de ONGs o asociaciones religiosas. No obstante, Begoña Santos, directora técnica de Red Acoge, cree difícil que el Gobierno pueda llegar a actuar contra las organizaciones, pero advierte de la gravedad de esta "nueva muestra de la criminalización" de los inmigrantes ilegales que esta vez alcanza a los propios nacionales. "No hay que dejar de recordar que el único delito de estas personas es estar en una situación de irregularidad administrativa", añade.
Ante el alud de críticas, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha salido al paso apresurándose a asegurar que no se trata de una ley que vaya a perseguir ni a ONGs ni el "apoyo a situaciones de vulnerabilidad". Pero según Fernández, la importancia legal radica en el simple hecho de que exista el artículo 53. "Implica que estas actuaciones y situaciones son susceptibles de ser perseguidas y, aunque el Gobierno asegure que no va a servir para hostigar a asociaciones, estaremos a expensas de cómo decidan actuar las autoridades en cada momento", señala. Los servicios legales que están estudiando cómo se podrá responder a esta reforma han considerado apelar al artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma que todos los seres humanos tienen el deber de comportarse fraternalmente unos con otros. Fernández es también partidaria de solicitar al Defensor del pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad.
Sin embargo, si ninguno de estos procedimientos prospera, no quedará más remedio que desobedecer la ley. Baeza es partidario de emprender una campaña de insumisión civil en toda regla: "Pasaremos a formar parte de los ilegales", asegura, "porque no hay principio filosófico ni jurídico más profundo que acoger al otro". Elena y Hassan prefieren de momento no preocuparse más de lo necesario de momento. A ambos les parece una medida tan "surrealista" que casi no se la creen. "Es crear conflictos donde no los hay e ir en contra de las relaciones naturales del ser humano", dicen. Hassan mira el reloj y se levanta. Ha quedado con otros amigos marroquíes para ver el partido del Barça. Él desconocía hasta ahora que el ejecutivo socialista preparaba esta reforma y no cree que en su pandilla se hayan enterado. Elena le toma el pelo: "Hoy ya tenéis algo más de qué hablar aparte de Fama".
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