Madrid.- La nueva reforma de la ley de extranjería acota las reagrupaciones familiares de los extranjeros y eleva a 60 días la estancia máxima en un centro de internamiento, dos aspectos que las asociaciones de inmigrantes no han visto con buenos ojos.
La cuarta modificación de esta ley en ocho años, que ha estudiado hoy el Consejo de Ministros, se tramitará en el Parlamento a partir del primer trimestre de 2009, ha informado hoy el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien se ha mostrado seguro de que obtendrá un respaldo mayoritario de los grupos.
El texto plantea limitar la reagrupación de los ascendientes (abuelos), de modo que sólo podrán venir los mayores de 65 años y siempre que su familiar resida en España desde hace cinco años.
Según el ministro Corbacho, se trata de distinguir entre la reagrupación del núcleo familiar -que "debe ser lo más rápida posible"- y los ascendientes.
En este contexto, la reforma prevé conceder permisos de trabajo a los hijos reagrupados en edad laboral (16), permisos de residencia y trabajo a las extranjeras víctimas de violencia machista para que no tengan miedo a denunciar, y posibilitará reunir a la pareja de hecho en las mismas condiciones que un matrimonio.
Distintas asociaciones de inmigrantes ya han rechazado la limitación a la reagrupación familiar, entre ellos el portavoz de la Asociación Ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, quien considera la medida "absurda y desproporcionada".
Por contra, la Confederación Española de Policía ha apoyado la mencionada restricción, porque "acaba con la reagrupación en cadena" y con un "coladero" que da lugar a la nacionalización o reagrupación individual, aunque pertenezcan a la misma familia.
El Gobierno central ha autorizado 80.863 residencias temporales por reagrupación familiar en los diez primeros meses del presente año, mientras que en 2007 ascendieron a 128.161 concesiones.
La reforma traspone varias directivas europeas y las sentencias del Tribunal Constitucional relativas a los derechos de asociación, manifestación, huelga y reunión, que ahora son reconocidos a todos los extranjeros con independencia de su situación administrativa.
Por otro lado, el Ejecutivo propone aumentar de 40 a 60 días el plazo de estancia en los centros de internamiento de extranjeros (CIES), porque -en su opinión-, los cuarenta días no son suficientes para ejecutar algunas órdenes de expulsión.
Asimismo se permitirá, por primera vez, la entrada de miembros de las organizaciones no gubernamentales a los CIES si lo solicita el extranjero internado.
Durante la rueda de prensa, el ministro ha recalcado el futuro incremento de las sanciones para todas las infracciones en materia de extranjería, de modo que las muy graves pasan de 60.000 euros a 100.000 euros y las graves de 6.000 a 10.000 euros.
Entre las infracciones graves figura no dar de alta al trabajador extranjero en la Seguridad Social, consentir la inscripción de un inmigrante en el padrón municipal cuando no reside realmente en ese lugar o bien simular la relación laboral con un extranjero
En consonancia con la Unión Europea, se pretende endurecer la contratación irregular de trabajadores inmigrantes con políticas no sólo destinadas a éstos, que "son las víctimas", sino también hacia los empresarios, ha explicado Corbacho en la rueda de prensa.
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