MADRID.- Cumpliendo con el calendario previsto, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012 ha obtenido luz verde antes de finalizar 2008. Hoy el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al documento que marcará la política de vivienda de los próximos cuatro años, tal y como había prometido la ministra Beatriz Corredor, que no quería cerrar el ejercicio con una 'mancha en su expediente'. Nosotros te contamos las novedades que plantea.
Además, hasta el 31 de diciembre de 2009 podrán adquirir VPO calificadas como "de precio concertado" las familias cuyos ingresos no excedan de 7 veces el Iprem, es decir, que ganen hasta 43.420 euros/año. El objetivo de esta medida es facilitar el acceso a la vivienda a esas rentas que hasta ahora no podían acceder a la vivienda protegida porque excedían el límite de ingresos, pero que tampoco podían comprar un piso en el mercado libre porque no les llegaba.
Es por ello que las viviendas con menos de 30 metros cuadrados no recibirán ayudas estatales, pero sí lo harán aquéllas que superen los 90 metros. Eso sí, sólo a partir de 2009 y en la parte proporcional a esa superficie, el resto del coste corre a cargo del beneficiario de la ayuda. No obstante, son las comunidades autónomas quienes tienen potestad para decidir las superficies mínimas y máximas de las VPO.
Y entre tantas novedades, una recomendación no exenta de polémica. Corredor pide a los gobiernos autonómicos que no olviden que el esfuerzo económico medio de los demandantes de vivienda acogidos al Plan "no debería superar la tercera parte de sus ingresos". Teniendo en cuenta que un piso protegido medio de 90 metros cuadrados tiene actualmente un precio de 100.100 euros, y que con una hipoteca a 30 años y el tipo de interés oficial que establece el Plan de Vivienda vigente (del 5,1%) supondría una cuota mensual cercana a los 600 euros/mes; en la práctica, esto significa que los demandantes cuyo salario mensual no alcance los 1.500 euros (más del doble del salario mínimo) no podrán comprarse una VPO.
Esto choca frontalmente con los objetivos del Plan, que pretende llegar al máximo número de ciudadanos posible.
Pero la vivienda protegida tiene que salir de alguna parte. Y el Ministerio pretende que ésta se pueda obtener tanto en nuevas promociones como por la reconversión del parque vacío existente —el stock se cifra en torno al millón de unidades—. Así, el Plan permite la transformación en viviendas protegidas de precio concertado aquellas casas libres que tengan una licencia de obras emitida "no más tarde del 1 de septiembre de 2008".
En paralelo, hasta el 31 de diciembre de 2009, las familias con ingresos inferiores a 7 veces el Iprem podrán adquirir "de forma excepcional" viviendas protegidas de precio concertado.
En cuanto a las nuevas promociones, Sepes mantiene abierto, hasta el próximo 29 de diciembre, la oferta pública de compra de suelo privado.
Una vez que concluya el plazo de presentación de ofertas, Sepes tendrá cuatro meses para estudiar y seleccionar las ofertas. Esto significa que aún quedan más de dos años para que las nuevas VPO vean la luz.
Independientemente del Plan, y en línea con el objetivo del Gobierno de fomentar el alquiler, el Consejo de Ministros también ha aprobado la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la de Propiedad Horizontal (LPH).
Estas reformas pretenden dotar de mayores garantías a los propietarios de viviendas que son reacios a poner sus pisos en el mercado de alquiler por el temor a un impago. Con la nueva normativa, se logrará, entre otras cosas, agilizar los procesos de desahucio y cobrar las rentas pendientes.
Por otra parte, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal persigue que las comunidades de propietarios puedan aprobar con menos apoyos las obras de mejora de la eficiencia energética de un edificio.
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