Madrid.- El pleno del Congreso aprobó hoy la ley que facilita el "desahucio exprés" ya que, entre otros aspectos, busca agilizar los trámites judiciales que debe afrontar el propietario de una vivienda para desahuciar a inquilinos morosos y cobrar las rentas pendientes.
La Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética modifica a su vez la ley de Arrendamientos Urbanos, la de Enjuiciamiento Civil y la de la Propiedad Horizontal.
Uno de los cambios es la reducción de dos meses a uno del plazo que debe transcurrir entre el momento en que el arrendador exige por requerimiento el pago de las deudas atrasadas y el momento en que puede presentar una demanda, acto que el inquilino podrá evitar si paga todas las mensualidades atrasadas en este periodo.
Además, la sentencia condenatoria será suficiente para ejecutar el desahucio en el día y hora señalados, en tanto que el demandante podrá condonar toda o parte de la deuda si el inquilino la desaloja de forma voluntaria en el plazo que establezca el arrendador, que no podrá ser inferior a quince días.
Mediante la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, se amplían los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler, que tiene una duración de cinco años.
El propietario puede rescindir el contrato si necesita ocupar la vivienda para uso propio, pero también para el de sus padres, hijos o cónyuge en los casos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial, siempre que así figure en el contrato.
Con los cambios en la Ley de Propiedad Horizontal, se establece que las comunidades de propietarios pueden aprobar las obras de mejora de la eficiencia energética de un edificio sin que sean necesarias las mayorías actuales, ya que bastará con el voto favorable de tres quintas partes de los vecinos.
El diputado de ERC-IU-ICV Joan Herrera afirmó que esta norma supone una pérdida de tiempo y garantías en el desalojo de inquilinos y votó en contra del "desahucio exprés" en un contexto de crisis económica que aumenta los riesgos de exclusión social.
El diputado del PNV Emilio Olabarria consideró, sin embargo, que esta ley da más garantías a los propietarios para arrendar sus viviendas y calificó de "muy pertinente" que las administraciones públicas fomenten la renovación de instalaciones eléctricas en las viviendas y que tengan que controlar su funcionamiento mediante un cuerpo de inspectores.
Por parte de CiU, Jordi Jané recordó que esta iniciativa del Gobierno parte de una proposición de ley hecha por su grupo en la anterior legislatura y apuntó que la agilización de los desahucios supondrá un aumento de la oferta de viviendas en alquiler y, por tanto, el abaratamiento de los precios.
El portavoz de Vivienda del PP, Pablo Matos, anunció durante su intervención que la próxima semana su grupo presentará una proposición de ley para crear un registro de sentencias firmes de desahucio para conocer los antecedentes y "expulsar del mercado a los profesionales del impago".
Asimismo, criticó que la reducción de los trámites y notificaciones para desahuciar a los inquilinos no tendrá el efecto deseado debido a la lentitud de la Justicia.
Según la portavoz de Vivienda del PSOE, Ana María Fuentes, esta ley mejorará la movilidad laboral y la emancipación de los jóvenes.
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