Madrid.- El PP manifiesta que es "perfectamente posible" la disolución de los ayuntamientos de ANV y su consiguiente renovación electoral en un plazo de tres meses, y sin tener que reformar la ley, pues "tan sólo es necesaria la voluntad política" del Gobierno.
Así lo expresa el PP en el informe para la disolución de los ayuntamientos de ANV que esta misma tarde ha remitido al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tal y como había anunciado previamente la portavoz del grupo popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.
El Partido Popular refuerza su argumentación con la sentencia de ilegalización de ANV emitida por el Tribunal Supremo, así como con los informes correspondientes del Abogado del Estado y del Ministerio Fiscal, ambos claramente explícitos sobre la connivencia de la formación vasca con las actuaciones armadas de ETA.
Así, según recoge dicha sentencia y esgrime el PP, tras las elecciones locales de marzo de 2007 la organización terrorista cometió tres atentados que, además de daños materiales, costaron la vida de varias personas, y en todos los casos "dirigentes de ANV confirman su sintonía" con ETA.
El PP cita el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Durango (Vizcaya), tras el que el grupo municipal de ANV en esta localidad no expresa su condena, y el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton (Francia), en diciembre del año pasado, un acto que el grupo de ANV en Baracaldo tampoco condenó.
Otros hechos probatorios para el PP son las declaraciones de la alcaldesa de Hernani, de ANV, quien en enero de este año, y en un acto público, pidió aplausos a dirigentes de ETA, así como las creaciones en los consistorios de Elórreo y de Hernani de sendas comisiones de represaliados y de presos.
Además, tal y como constata el PP, tras la sentencia de ilegalización de ANV la organización etarra asesinó a Isaías Carrasco en Arrasate-Mondragón y a Ignacio Uría en Azpeitia, sin que en ningún caso hubiera expresión de condena.
Todos estos antecedentes evidencian el apoyo de ANV a ETA, y en consecuencia, permitirían la aplicación del artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local, pues esta cobertura "reiterada y grave" al terrorismo supone "una gestión gravemente dañosa para los intereses generales", señala.
El Consejo de Ministros, previo acuerdo del Senado y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, podría por tanto disolver las corporaciones locales gobernadas por ANV.
Si así fuera, el PP recurre a la Ley del Régimen Electoral, que indica que en caso de disolución de un consistorio, deberán convocarse elecciones parciales para renovar la corporación en un plazo de tres meses, salvo que el mandato al que tuviera que enfrentarse fuera inferior a un año.
No es el caso, alega el PP, pues las próximas elecciones municipales se celebrarán en 2011, de modo que es pertinente ese plazo de tres meses contemplado en la ley.
Tras consolidar su explicación con el caso reciente del Ayuntamiento de Marbella, también disuelto por evidencias judiciales de corrupción urbanística, los populares indican, como quiera que podrían celebrarse elecciones vascas en marzo, que es "perfectamente posible" que se hagan coincidir estos comicios con las elecciones en los municipios cuyos ayuntamientos se han disuelto.
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