Madrid.- El veto del PSOE en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha obligado hoy a aplazar hasta el próximo periodo de sesiones, en febrero, el debate de la proposición no de ley del PP para que sean disueltos los 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra en los que gobierna ANV.
Además de la disolución de esas corporaciones locales, el PP pide en ese escrito que los alcaldes de ANV no puedan gestionar la parte del fondo de 8.000 millones de euros aprobado por el Gobierno que correspondería a esos municipios.
El grupo popular había planteado hoy en la Junta de Portavoces del Congreso que se incorporara como urgente esta proposición no de ley para su debate en el pleno del próximo día 16, pero el PSOE ha vetado esta posibilidad.
Un comportamiento ante el que la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha mostrado su sorpresa, porque, a su entender, se daba "el requisito claro de urgencia", habida cuenta además de que a comienzos de enero acaba el plazo para presentar proyectos que sean sufragados a cargo de ese fondo anticrisis.
El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha justificado luego la oposición de su grupo en el hecho de que el PP haya presentado la propuesta sin consultarles de antemano.
"Si estamos en consenso, las cosas hay que hablarlas antes de hacerlas", ha señalado Alonso.
Ha garantizado asimismo que el PSOE tiene la "voluntad inequívoca" de activar todos los mecanismos legales posibles para echar a los representantes de ANV de las instituciones, aplicando "rigurosamente" la ley y "sin cometer errores" que puedan volverse en contra suya.
"Los demócratas tenemos que actuar con un rigor, una firmeza y una fortaleza indudables, pero también con rigor legal", ha sostenido.
También ha aclarado que el Gobierno está actuando "en todos los frentes" para que en las instituciones democráticas no esté ANV "ni ningún sucedáneo" del entorno de ETA y, para ello, estudia cómo y con qué alcance se puede aplicar la legislación vigente a los efectos de disolución de ayuntamientos.
Además, trabaja en una reforma legal para cubrir los supuestos que no estén cubiertos por la actual legislación.
Sáenz de Santamaría, convencida de que concurren "motivos más que suficientes" para proceder a la disolución, que es "un clamor de la calle", ha apuntado que el Gobierno podría actuar por sí mismo mediante la Ley de Bases del Régimen Local.
Para contribuir a que se materialice esta hipótesis, el PP remitirá en breve un informe al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, con los "elementos de hecho y de derecho" que permiten la disolución.
Igualmente, ha enfatizado que es "radicalmente falso" que el PP pretenda que esos consistorios no reciban dinero del fondo, sino que quieren que esas cantidades no sean gestionadas directamente por ANV, dados sus vínculos económicos y financieros con Batasuna y ETA.
Y, ante la oposición de los socialistas, ha avisado de que el PP se está replanteando su postura en el debate del próximo jueves en el Congreso sobre el fondo de 8.000 millones, aunque Sáenz de Santamaría no ha precisado si finalmente se abstendrán.
Sobre la propuesta del PP han hablado también los portavoces de otros grupos, que han coincidido en criticar la oportunidad de la iniciativa y el contenido de la misma.
Así, el portavoz de ERC, Joan Ridao, ha avanzado que no están a favor de la medida por entender que la no condena de un atentado "puede ser merecedor de un reproche ético o político", pero en ningún caso de la disolución de toda una corporación municipal.
"Creemos que es un error querer dejar huérfano de referente político a una parte nada despreciable del pueblo vasco, y sólo dilataría la solución pacífica y dialogada del conflicto", ha agregado.
En nombre de IU-ICV, Joan Herrera ha admitido que a su grupo no le gusta ANV ni que gobierne, pero ha matizado que, en cualquier caso, la vía no es "suprimir de un plumazo" determinados ayuntamientos, sino que "hay que derrotarlos políticamente".
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