Evo Morales consolida su proyecto en Bolivia tras un año de máxima tensión

La Paz.-  El presidente Evo Morales logró en 2008 consolidar su proyecto en Bolivia tras un año de máxima tensión, con graves conflictos políticos que provocaron incluso muertes, y marcado además por el grave deterioro de sus relaciones con EE.UU.

Morales encaminó el referendo sobre la nueva Constitución, que se celebrará el próximo 25 de enero, gracias a un acuerdo político alcanzado contra todo pronóstico tras 10 meses de conflictos que tuvieron su expresión más violenta en la región de Pando, donde 20 personas murieron en un choque entre oficialistas y opositores.

En el ecuador de su gestión, el presidente de Bolivia recibió un decisivo espaldarazo en el referendo sobre mandatos celebrado en agosto donde fue ratificado con un 67,4 por ciento de apoyo: casi catorce puntos más del respaldo electoral que le llevó a la Presidencia en 2005.

Bolivia llegó a esta consulta en un escenario de fuerte confrontación política entre el oficialismo y sus opositores, incluidos los líderes de varias regiones que acentuaron en 2008 sus demandas de autogobierno.

Las regiones de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando celebraron entre mayo y junio consultas populares para aprobar unos estatutos de autonomía tachados de ilegales y separatistas por el Gobierno.

Tras el revocatorio de agosto, se agravó la conflictividad cuando los autonomistas emprendieron una serie de protestas contra el Gobierno con bloqueos de carreteras, ataques a infraestructuras gasísticas y toma de instituciones especialmente virulentas en Santa Cruz al derivar en saqueos y vandalismo.

El episodio más grave se produjo el 11 de septiembre en la amazónica Pando (norte) donde un choque armado entre oficialistas y opositores acabó con la matanza de 20 personas, la mayoría campesinos seguidores de Morales.

El Gobierno decretó el estado de sitio en Pando y su prefecto (gobernador), el opositor Leopoldo Fernández, fue detenido y encarcelado bajo la acusación de ser el responsable de la violencia en su región.

Ante esta situación, el Ejecutivo denunció el intento de un "golpe de estado civil" en Bolivia promovido por la oposición que llevó a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a organizar una cumbre de emergencia en Santiago de Chile para apoyar al Gobierno de Morales.

La violencia dio paso al diálogo político bajo la observación de organismos internacionales como Unasur, Naciones Unidas y la OEA. La primera fase de la negociación, entre el Ejecutivo y los autonomistas, acabó en fracaso.

Fueron las fuerzas parlamentarias las que consiguieron, el 20 de octubre en el Congreso Nacional, un acuerdo sobre el proyecto constitucional (con la modificación de más de cien artículos) y sobre el adelanto de elecciones generales a diciembre de 2009.

El consenso se concretó en medio de una multitudinaria marcha en la ciudad de La Paz integrada por decenas de miles de seguidores de Morales en defensa de la nueva Constitución.

En política exterior, el 2008 fue un año crítico en las relaciones de los gobiernos de La Paz y Washington, con la expulsión del embajador de EE.UU en Bolivia, al que Morales acusó de conspirar contra su Gobierno.

En una "ofensiva" sin precedentes contra EE.UU., el antiimperialista Morales también ha expulsado a la DEA.

La Casa Blanca ha respondido con la expulsión del embajador boliviano y con la suspensión a Bolivia de las preferencias arancelarias vinculadas a la lucha contra el narcotráfico al considerar que La Paz no cumple este objetivo.

Este año las relaciones entre Bolivia y Perú también fueron tensas con continuos roces y hasta descalificaciones entre Evo Morales y Alan García que provocaron la llamada a consultas del embajador de Lima en La Paz en el mes de junio.

Las diferencias entre Morales y García tienen su origen en la forma de encarar un tratado comercial con la Unión Europea, asunto que ha dividido a la Comunidad Andina (CAN), integrada por Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador.

En el área económica, Morales consolidó la nacionalización de los hidrocarburos y logró acuerdos con las principales trasnacionales que operan en el país para que el Estado tenga mayoría en sus consejos de dirección.

Bolivia también nacionalizó la empresa de telecomunicaciones Entel, filial de la italiana Telecom, que ha llevado la operación ante un tribunal de arbitraje.