La Paz.- Líderes regionales opositores al Gobierno de Evo Morales pidieron hoy a las autoridades de todos los órganos del Poder Judicial que cumplan su rol independientemente del resto de poderes y "no se dejen avasallar" por el Ejecutivo.
"Hemos sido claros y contundentes con la Justicia de que no se dejen avasallar por otros poderes del Estado", afirmó el presidente del Comité Cívico de la región oriental de Santa Cruz, Luis Núñez, tras acusar al Gobierno de "hacer barbaridades que no le competen" dentro del estado de derecho.
Autoridades regionales y líderes ciudadanos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca se reunieron con autoridades de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y con la única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, en Sucre, la capital de Bolivia.
Además, los opositores regionales han mostrado su intención de reunirse con el presidente del Senado boliviano, Óscar Ortiz, y con el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, encarcelado desde septiembre pasado en La Paz por su supuesta responsabilidad en una matanza ocurrida en esa región amazónica, y a quien se considera "preso político".
Precisamente, la liberación de los "presos políticos" fue una de las condiciones que pusieron los prefectos opositores la semana pasada para acudir al diálogo de hoy sobre la aplicación del estado autonómico al que les convocó el Gobierno.
El presidente del comité cívico de Chuquisaca, Jonh Cava, insistió en "la preocupación de la ciudadanía nacional por la violación de los derechos y porque faltan dar las garantías para beneficio de todos en el marco de la Constitución".
Además, abogó porque los órganos judiciales "velen por la libertad, la democracia y el estado de derecho", así como por las garantías democráticas, y les exigió "absoluta imparcialidad y el no sometimiento a intereses políticos de quienes circunstancialmente están en el poder".
Finalmente, mostró su "absoluto respaldo a todas las instituciones llamadas a velar por los derechos de las personas".
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz lamentó la situación del Tribunal Constitucional, que no opera desde finales de 2007 debido a que sólo cuenta con una magistrada en funciones tras la renuncia de sus colegas, situación de la que culpó al Gobierno de Morales.
"Es lamentable que haya miles de casos que no hayan sido resueltos porque son de ciudadanos de a pie que de alguna manera necesitan de la justicia", afirmó Núñez.
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, se ratificó en la demanda judicial que presentó ayer junto a sus colegas de Chuquisaca, Santa Cruz y Beni en contra del presidente Morales por firmar decretos que presuntamente permitieron la corrupción en la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y que fueron rechazados por el Ejecutivo.
Cossío explicó que esta demanda tiene como objeto que el país reconozca la conducta que ha llevado a la comisión de algunos hechos deplorables en la petrolera estatal que, a su juicio, "dañan a Bolivia y a su industria de hidrocarburos" y ahuyentan inversiones.
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