Santa Cruz (Bolivia).- Naciones Unidas expresó hoy su preocupación por la situación del ex gobernador de Pando Leopoldo Fernández, encarcelado desde septiembre pasado sin que se conozcan los cargos que se le imputan por la matanza de campesinos ocurrida en su región.
"Pensamos que tiene derecho a conocer las acusaciones que serán formuladas, si se formulan acusaciones, y llegar a una conclusión de la investigación. Es importante que los derechos como imputado sean respetados", afirmó hoy en Santa Cruz (este) el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot.
Leopoldo Fernández, opositor al Gobierno de Evo Morales, se encuentra recluido desde el 19 de septiembre de 2008 en la cárcel de San Pedro de La Paz a la espera de juicio por su supuesta responsabilidad en el enfrentamiento violento del 11 de septiembre del pasado año en su departamento.
Ese día, en medio de una ola de protestas contra el Gobierno en varias regiones del país, se produjo un choque armado entre autonomistas y oficialistas en Pando donde murieron entre 13 y 20 personas, la mayoría campesinos afines al presidente Morales.
Aún no se ha ofrecido una cifra oficial definitiva sobre el número de muertes en esos sucesos, donde hubo 22 fallecidos según la investigación encargada por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y trece según el informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados de Bolivia.
Racicot aseguró que, por el momento, el procedimiento judicial contra Fernández "está avanzando conforme a la ley", pero indicó que "el tiempo ya empieza a ser largo para la defensa", ya que toda persona tiene que saber de qué se le va a acusar y tiene derecho a un juicio.
El representante de la ONU aseguró que este organismo está siguiendo la situación a nivel legal.
Racicot instó a la Fiscalía a acabar con su labor y a entregar las conclusiones de la investigación para que "tanto las víctimas como los acusados tengan la oportunidad de defenderse y de que se conozca la verdad".
Por otra parte, mostró su preocupación por la situación del estado de derecho y del sistema judicial en el país y abogó por un acuerdo "muy necesario" entre las fuerzas políticas en el parlamento para nombrar a las personas que ocupen las plazas vacantes.
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