La fiscal mantiene penas de 8 y 10 años para los 6 acusados en el "caso Saqueo"

Madrid.-  La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido hoy su petición inicial de penas de entre 8 y 10 años de cárcel para los seis acusados en el "caso Saqueo" por el desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) entre 1991 y 1995, entre los que figura el ex asesor urbanístico del consistorio Juan Antonio Roca.

Así lo ha manifestado la fiscal Belén Suárez en la décima sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, en la que la acusación popular -ejercida por tres concejales del PP de Marbella- ha retirado los cargos a tres de los acusados: los empleados de las sociedades municipales Planeamientos 2000 y Contratas 2000 Francisco Javier Herrera y Eduardo Gonzálvez y la esposa del gerente de la última empresa citada, Purificación Notario.

Además de solicitar diez años de cárcel para Roca y Gonzálvez por un delito de malversación de caudales públicos y otro continuado de falsedad en documento mercantil, el Ministerio Fiscal reclama la misma pena para el asesor jurídico del ex alcalde Jesús Gil, José Luis Sierra, y el considerado contable del entramado financiero, Manuel Jorge Castel.

Para Notario y Herrera, a quienes sólo acusa del delito de malversación de caudales públicos, pide ocho años de cárcel.

La única modificación realizada por Suárez en sus conclusiones provisionales ha sido respecto de la cantidad de dinero solicitada en concepto de responsabilidad civil y ha reducido los más de 36 millones de euros que reclama -la cantidad que supuestamente desviaron los acusados del erario público- en algo menos de medio millón de euros.

Este cambio, según ha explicado, está basado en la declaración de dos peritos de la Agencia Tributaria y en la duplicidad de dos cheques, por lo que ha pedido que se "aminore" en 69 millones de pesetas (414.698'35 euros) el importe total.

Como responsables civiles subsidiarios están acusados los herederos del ex alcalde Jesús Gil y sociedades de su propiedad como Promociones Futbolísticas y Rancho Valdeolivas, así como los herederos del marido de la acusada Purificación Notario, José Luis Jiménez, imputado en la causa que falleció en 2005.

Por su parte, el abogado de Roca, Emilio Fernández Hermosa, ha solicitado la absolución de su cliente, aunque, subsidiariamente, ha pedido un año de cárcel y dos años y seis meses de inhabilitación por un delito continuado de malversación de fondos públicos con la atenuante de dilaciones indebidas, y otros seis meses de prisión y multa de 360 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil con la atenuante mencionada.

Fernández Hermosa ha reiterado las cuestiones previas que planteó al inicio del juicio y ha denunciado la vulneración del derecho de defensa y a utilizar todos los medios pertinentes para la misma, además de pedir la nulidad de la pericia de la Agencia Tributaria al considerar que "carece de imparcialidad".

El resto de las defensas han reclamado la absolución de sus representados y, en concreto, Sierra -que ejerce la suya propia- ha manifestado que siente una "sensación de dolor de quien ha arriesgado su vida, la de su mujer y sus hijos" por denunciar la malversación pública y después resultar acusado en la causa.

La Fiscalía Anticorrupción los acusa de urdir un "artificio contable" para distraer los fondos mediante la creación de unas sociedades municipales con las que, bajo la excusa de gestionar a través de ellas la actividad del consistorio, sustrajeron el dinero.

Para desviar ese dinero utilizaron supuestas facturas "que no respondían a ningún servicio real prestado ni a operación económica alguna" y que eran emitidas por "sociedades inactivas" -adquiridas por Roca a nombre de su madre- por un importe equivalente al de los fondos desviados.