Bogotá.- El Gobierno de Colombia reiteró hoy sus garantías para que las "pirámides" que captan dinero ilegalmente lo devuelvan y eviten procesos penales, en tanto que la millonaria firma DMG, intervenida el lunes, denunció una persecución y conminó a las autoridades a "negociar".
El Ejecutivo insistió en que las medidas del estado de emergencia social, decretado ayer para afrontar la quiebras y estafas de las "pirámides", buscan proteger al público.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, dijo en una alocución por cadena de radio y televisión que esas decisiones buscan impedir que se propague la "perturbación social" desatada por la quiebra de "pirámides" y la desaparición de sus promotores, y que la gente afectada pueda recuperar su dinero.
"Queremos erradicar esa permisividad con la cultura mafiosa, con la idea del dinero fácil", agregó Uribe, que compareció acompañado por varios ministros.
El gobernante también reconoció de nuevo su responsabilidad en el auge de las "pirámides" por no haber, dijo, intervenido de manera más temprana ante las entidades responsables del control del sector financiero.
Mientras, el empresario David Murcia Guzmán, creador de DMG, emplazó al Ejecutivo a sentarse a dialogar, luego de que la Policía ocupara las 60 sedes de esa firma que comercializa electrodomésticos y otros servicios por medio de tarjetas de consumo.
Murcia, ex ayudante de cámara de origen humilde, aseguró desde Panamá que de su sociedad dependen 200.000 colombianos y que en esa firma hay accionistas extranjeros y se negociaba su franquicia para Brasil y otras naciones.
Los abogados y directivos de DMG convocaron una rueda de prensa en Bogotá en la que aseguraron que este grupo no ha cometido ningún ilícito y acusaron al Estado de "violar flagrantemente la ley" al sancionar a la empresa, que "no ha cometido ilícito alguno".
La Presidencia de Colombia recordó hoy en un comunicado que uno de los primeros decretos dictados ayer considera delito no excarcelable la no devolución del dinero captado ilegalmente, "cualquiera sea su naturaleza".
Precisó que las leyes locales permiten que los fiscales "suspendan la acción penal contra quienes manifiesten la voluntad de devolver los dineros y efectivamente los devuelvan".
La crisis de las empresas u oficinas que ofrecen ganancias desmesuradas en breve plazo por los depósitos de dinero, estalló la semana pasada cuando los administradores de varias de ellas en distintas regiones huyeron dejando estafados a los ahorradores.
Según cálculos oficiales, en los últimos tres años funcionaron en el país al menos 240 de esas compañías piratas que pudieron recaudar unos 800 millones de dólares y quebraron porque sus promesas eran imposibles de cumplir.
El estado de emergencia social, decretado por un lapso inicial de 30 días, permite medidas de urgencia y en virtud de él se emitieron ya cuatro decretos, uno de los cuales aumenta las penas por captar dinero sin permiso.
Murcia aseguró que la intervención de su compañía lo tomó por sorpresa, subrayó que su comercializadora "no es nada parecido a las pirámides" y calificó las medidas como "arbitrarias".
Sin embargo, confió en que el "gran corazón" del presidente Uribe va a hacer posible que concilien.
El lunes hubo en Bogotá y otras ciudades colombianas grandes desfiles de clientes vestidos con camisetas de DMG que respaldaron al empresario.
Murcia precisó que el año pasado su empresa vendió productos y servicios por 72.000 millones de pesos (31,4 millones de dólares) y este año ha vendido más de 100.000 millones de dólares (43,4 millones de dólares).
El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, rechazó cualquier posibilidad de negociar con DMG, ya que "hay unos procesos de tipo penal en marcha" y "lo que se está haciendo (la firma) es fomentar la captación masiva ilegal de recursos del público".
Por su lado, el abogado de DMG, Abelardo de la Espriella, ofreció una conferencia de prensa con socios y directivos de la empresa, entre ellos la representante en Estados Unidos, Juliette Passer, y sus socios Alexander Altshoul, de origen judío, y Alexandre Ventura Nogueira, brasileño.
De la Espriella denunció una "persecución" por parte de las autoridades colombianas y anunció que llevará el caso ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH).
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