Toledo.- Aumentar el porcentaje de alumnos que obtienen el graduado en ESO, reducir el abandono escolar prematuro, conseguir que los alumnos dominen dos lenguas extranjeras y la creación de incentivos económicos diferenciados para el profesorado asociados a tareas u objetivos específicos son algunas de las propuestas del documento de bases para la Ley regional de Educación.
La consejera de Educación, María Ángeles García, ha presentado hoy en una rueda de prensa este documento al que los ciudadanos y miembros de la comunidad educativa podrán presentar sus aportaciones hasta el próximo 20 de diciembre, que se analizarán para que puedan ser incorporadas en el texto articulado del proyecto de la futura Ley de Educación de Castilla-La Mancha.
Entre los objetivos que recoge el documento, está elevar el nivel de formación de la población de la región, de forma que la mayoría de los ciudadanos obtengan una titulación en educación postobligatoria (bachillerato o grado medio de formación profesional).
Para ello, considera necesario incrementar el porcentaje del alumnado que obtiene el título de graduado en ESO y aplicar medidas contra el abandono escolar prematuro.
En el documento se dice que en la comunidad autónoma el abandono escolar alcanza unos elevados porcentajes y más de un tercio de la población de Castilla-La Mancha no accede a los niveles de formación que las sociedades europeas se proponen como meta, por lo que se propone identificar cuáles son los colectivos en que se producen más abandonos y cuáles son las causas que los provocan.
Otro de los objetivos de la Ley será la formación de un alumno competente en el dominio de dos lenguas extranjeras, en lectura, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y en el desarrollo del pensamiento científico.
El documento de bases también cita, entre sus objetivos, la formación de alumnos comprometidos con los valores de la naturaleza, la salud, la democracia, los derechos de todas las personas, la igualdad entre hombres y mujeres, y la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
También señala que hay que estimular en el alumnado el deber de estudiar, la responsabilidad individual y el valor del esfuerzo personal.
Respecto a la obligatoriedad de la enseñanza, se propone que la futura Ley de Educación establezca la obligatoriedad de la escolarización para el alumnado de cinco años, pero también que se incrementen de forma significativa las tasas de escolarización en el primer ciclo de la educación infantil para llegar a cubrir toda la demanda.
En el documento se pide que la Ley obligue a permanecer en el sistema escolar o en una actividad formativa a todos los jóvenes menores de dieciocho años que no hayan obtenido la titulación básica ni contrato laboral, y que se fije como objetivo el incremento de las tasas de escolarización no universitaria de la población de 19 a 21 años.
Así, considera que la ley debe reforzar las enseñanzas de formación profesional inicial y difundir su oferta, además de crear una percepción social más positiva y atractiva de la nueva formación profesional.
También propone dar prioridad a la formación necesaria para que todo el alumnado sea competente en la comunicación oral y escrita en lengua castellana, así como el desarrollo de modelos educativos plurilingües a concretar en un Plan de Plurilingüismo.
Otra propuesta es la implantación de programas de alto rendimiento académico para los alumnos con mejores resultados y materias curriculares, y la democratización del acceso de toda la población a las enseñanzas artísticas.
El documento de bases en el capítulo que dedica al profesorado propone el desarrollo de un "sistema de estímulos diferenciados" que incorporen incentivos económicos asociados a tareas específicas o a la consecución de objetivos específicos.
Asimismo, apuesta por favorecer y estimular que el profesorado constituya equipos de trabajos estables, facilitar la profesionalización del profesorado a partir de la implantación de itinerarios formativos obligatorios y determinar los supuestos en que la evaluación de la práctica docente ha de ser obligatoria, así como establecer medidas para el reconocimiento de la autoridad de los profesores.
En el documento se pide también que la Ley prevea los supuestos en los que el profesorado jubilado puede seguir colaborando voluntariamente en algunas tareas sin sustituir en ningún caso a profesorado en activo.
En cuanto a los centros, se propone que la Ley reconozca el papel de los centros privados concertados como parte del servicio público educativo, aunque también que haya una colaboración especial con los que escolaricen alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en una proporción mayor a la establecida con carácter general o para su zona de ubicación.
También propone que se fijen procedimientos para establecer con los centros concertados compromisos/contratos singulares sobre objetivos evaluables.
La futura Ley de Educación, según el documento de bases, garantizaría a las familias la libertad de elección de centro y el acceso en condiciones de igualdad, objetividad y transparencia a los mismos.
No obstante, propone adoptar medidas para impedir una excesiva concentración de población escolar con necesidades específicas de apoyo educativo en unos mismos centros.
El documento también propone que la Ley de Educación contemple como derecho el uso gratuito de los libros de texto que se viene aplicando en la región, así como el compromiso de dedicar a partir de 2011 a gasto educativo un dotación que no sea inferior al 6% del PIB regional.
También se enumeran en ese documento los ejes del modelo educativo regional, entre los que se encuentra la formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España, y se establece como principio que "Castilla-La Mancha aspira a la construcción de una escuela concebida como servicio público, democrática, inclusiva, plurilingüe e intercultural".
La consejera ha dicho que en este texto sólo figuran los elementos básicos que se someten ahora a debate para elaborar la ley y ha afirmado que las propuestas son abiertas, con el fin de alcanzar un pacto que dé estabilidad al sistema educativo de la región.
El profesorado, la federación de asociaciones de madres y padres (AMPAS), de estudiantes, los directores de centros, la FEMP, los titulares de centros concertados y la Universidad están invitados a hacer sus aportaciones en el Portal de Educación de la Junta, ha indicado García, que ha manifestado que los objetivos de la Ley de Educación serán la "calidad" y la "equidad", pues sin esta última no puede haber calidad.
García ha señalado que otro objetivo de la Ley será la consecución del éxito educativo y la mejora del sistema, y ha agregado que la misma reivindicará el valor del esfuerzo.
Respecto a la fecha en que pueda estar ya la Ley, García ha dicho que la Consejería quiere hacer esta norma "con mucho sosiego" y no precipitarse, pues desea tener en cuenta todas las opiniones, aunque ha dicho que espera que hacia septiembre de 2009 se pueda enviar a las Cortes regionales el proyecto de ley.
La consejera ha asegurado que la Ley irá acompañada de una memoria económica porque "si no, sería papel mojado", aunque ha afirmado que no es la inversión lo que más le "asusta" en la elaboración de esta ley, pues en Castilla-la Mancha el presupuesto que se destina a educación es ya muy importante.
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