MADRID.- El número de empresas y familias ahogadas por las deudas no deja de aumentar. Durante el último trimestre, las cifras se han triplicado, provocando que, entre julio y septiembre, se declararan 764 nuevos concursos de acreedores (antigua suspensión de pagos y quiebras). La falta de liquidez afecta ya a bodegas y clubes deportivos; la crisis del 'ladrillo' empieza a pasar factura a las empresas de decoración y menaje del hogar; y el incremento del paro hace lo propio con las familias.
Desde la entrada en vigor de la Ley Concursal (1 de septiembre de 2004) casi 600 personas físicas (no sociedades) han optado por esta vía ante la imposibilidad de hacer frente a sus acreedores. De esta cantidad, sólo 132 eran empresarios. Es decir, que cerca de 500 familias sin actividad empresarial se han declarado en quiebra, 97 de ellas en el último trimestre.
De hecho, las familias constituyen ya casi el 13% del total de deudores que se declaran en concurso, más del triple que un año antes. Esto es así por el incremento que han experimentado los tipos de interés, que han llevado las mensualidades hipotecarias a límites insospechados, y por el aumento del paro, que obliga a restringir los gastos domésticos, según la Asociación Hipotecaria Española.
El descenso del consumo familiar queda patente en el incremento significativo del número de concursos declarados en el sector comercial, que se ha duplicado, hasta superar el centenar entre julio y septiembre; y en el hostelero, donde 16 empresas afirman ser insolventes.
Y es que, si se restringe el consumo, los ingresos de comercios y empresas dedicadas al ocio disminuyen, provocando nuevas quiebras y abocando al paro a decenas de trabajadores. Y si aumenta el desempleo, disminuye el gasto, así que volvemos a iniciar un círculo vicioso que no tiene fin.
Otras que también están condenadas a entenderse en los juzgados son las empresas relacionadas con la construcción y el sector inmobiliario. Entre julio y septiembre más de 300 compañías de este ámbito han tenido que declararse en concurso de acreedores, la mayoría de ellas por voluntad propia. Y las previsiones del Refor es que esta cifra siga aumentando en lo que resta de año.
Además, como si de una mancha de aceite se tratara, la crisis se ha contagiado a compañías de decoración, menaje y aluminio para el hogar, muy relacionadas con el 'ladrillo'.
Pero también comienzan a tener problemas sectores empresariales muy alejados del constructor. Por primera vez en la historia de esta ley (4 años), una bodega y un club de baloncesto han pasado a engrosar las listas concursales. También podemos encontrar en estos listados 11 sociedades anónimas deportivas, todas ellas relacionadas con el 'deporte rey', tres fundaciones, una asociación empresarial y 13 herencias*.
Todos estos concursos han afectado a unos 16.000 trabajadores entre julio y septiembre y a más de 100.000 en los últimos cuatro años. Una situación que, a juicio del presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), Raimon Casanellas, "no les beneficia en absoluto", pues "se les pagan menos días por año trabajado", argumenta.
Para finales de año, el Refor prevé que entre 2.500 y 3.000 empresas y particulares se habrán declarado en suspensión de pagos.
Según el abogado Juan Ignacio Fernández-Aguado, socio del despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo, la actual legislación permite la solicitud de concurso de acreedores tanto a particulares como a empresas, y el procedimiento a seguir en ambos casos es el mismo. Quizá la única diferencia estribe en que "el particular tiene menos documentación que presentar". Por lo demás, el proceso es el que sigue:
Este proceso viene a durar entre 2 y 3 años, según el Refor, que afirma que estos plazos se alargarán en los próximos meses debido a la 'avalancha' de nuevos casos que se presentan en los juzgados, que están desbordados. Por ello, este organismo cree necesario aumentar el número de juzgados y los medios de que disponen. También recomienda una fase "preconcursal", como las que ya funcionan en otros países, y que ha propuesto el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para acelerar los procesos y evitar que los activos de las empresas pierdan valor por la dilatación de los plazos. "Eso no beneficia a nadie, ni a los acreedores, ni a los deudores", dice Casanellas
*Una herencia puede entrar en concurso a instancias del acreedor, cuando las deudas del difunto son muchas y los activos no son suficientes para satisfacerlas, por lo que los herederos la rechazan, explica Fernández-Aguado.
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