La gran paradoja de la vivienda protegida

MADRID.-  Un bombo que da vueltas con cientos de números, caras expectantes, manos que se retuercen, uñas que se muerden... Y, por fin, comienza el sorteo; no el de la lotería navideña, sino uno de vivienda protegida en cualquier ciudad española. Los agraciados dan botes de alegría, ríen e incluso lloran. Otros, los que no han tenido suerte, también tienen lágrimas en los ojos... Hoy, sin embargo, muchos de los que fueron afortunados entonces ven cómo sus ilusiones se truncan porque el banco o la caja de ahorros de turno no les concede un crédito. La razón: son poco solventes y tienen mayor riesgo de morosidad.

Ingresos limitados

Incongruente, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que partimos de la base de que un adjudicatario de VPO no tiene el dinero suficiente para pagarla de una sola vez. Además, para conseguir una vivienda protegida es necesario no superar un límite de ingresos anuales. El máximo se establece actualmente en 6,5 veces el IPREM (indicador de renta para acceder a las ayudas públicas); es decir, los 45.400 euros anuales. Y esto para la vivienda de precio concertado, que es la más cara de las protegidas, porque la de régimen general, la más habitual, tiene su límite establecido en 4,5 veces el IPREM (31.500 euros/año); y la de régimen especial —para los colectivos más desfavorecidos—, sitúa los ingresos máximos en 2,5 veces el IPREM (17.500 euros/años).

No obstante, está pasando. En el barrio barcelonés de Poblenou, por ejemplo, una promoción de 220 pisos protegidos tiene sólo 17 inquilinos, y el Ayuntamiento asegura tener constancia de que el 36% de los adjudicatarios de esa promoción se han quedado sin su casa porque "les deniegan los créditos". En la provincia de Valencia, más de 200 jóvenes han renunciado a las VPOs que les habían sido concedidas en diferentes promociones y sorteos, como en Algemesí, donde se han dado 110 renuncias, entre adjudicatarios y reservas, porque no podían abonar el 20% del precio de la casa que se les pedía antes de la entrega de llaves, prevista para julio de 2009, porque las entidades financieras han dejado de conceder créditos por el cien por cien.

Y hay muchos más casos, en éstas y otras provincias españolas.

"Nos han hecho algunas consultas de este tipo (adjudicatarios de VPO a los que no se les concede la hipoteca) —afirma un portavoz de la Unión de Consumidores Españoles (UCE) de Aragón—. Y hemos tenido que derivarlas al Gobierno autonómico, al que hemos elevado una consulta para saber si las entidades tienen obligación o no de conceder estos créditos, que dependen de los convenios firmados previamente con la Administración; pero no hemos recibido respuesta alguna", explica.

En opinión de los expertos, este tipo de situaciones será cada vez más habitual. En los 'mentideros' de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se empiezan a escuchar casos de promociones protegidas que pueden tener problemas para venderse al completo.

Bajo sospecha

"Ahora las entidades financieras están mirando con lupa el perfil de los compradores de VPO, lo que dificulta la adjudicación de los créditos —comenta Ángeles Jiménez, subdirectora de ventas de la promotora Dolmen—. Máxime teniendo en cuenta que, tradicionalmente, los clientes de este tipo de producto tienen salarios bajos y/o trabajos temporales, situación que antes de la crisis no suponía un problema, pero que ahora puede ser considerada como un obstáculo para la banca", entre la que el miedo a la morosidad se ha extendido.

Es por ello que tanto cajas como bancos han endurecido las condiciones de acceso a las hipotecas a los adjudicatarios de viviendas protegidas. Así, las necesidades de aval cada vez se prodigan más, se exigen contratos indefinidos, y que el endeudamiento hipotecario no supere el 30% de los ingresos familiares. "Algo que antes no se hacía", comenta Mónica Reinaldo, portavoz de Adicae (Asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros).

Sin embargo, los expertos aseguran que los índices de morosidad entre los compradores de VPO "son bajísimos", porque este colectivo no se arriesga a perder algo que le ha costado tanto conseguir y lucha por ello hasta el final. En opinión de Antonio Portillo, presidente del consejo académico del IPE (Instituto de Práctica Empresarial), la banca debería flexibilizar su actitud teniendo en cuenta esta premisa, y que ésta prime en los criterios de selección sobre otras variables.

Tampoco se puede construir

MIentras tanto, el grifo sigue cerrado, pero no sólo para el comprador, también para el que construye las viviendas protegidas. "No hay créditos para nadie, ni para el cliente finalista, ni para el promotor, ni para las cooperativas", sentencia Justo Díaz Arrabé, director de promociones de Detinsa. Y, si esto ocurre, será difícil llevar a cabo el próximo Plan de Vivienda 2009-2012.

"Los políticos han anunciado a bombo y platillo los sorteos de vivienda protegida y sus planes para construir más VPO —denuncia un promotor que prefiere no darse a conocer—, pero no se han molestado en comprobar la solvencia de los adjudicatarios, ni les han explicado las condiciones de pago ni los compromisos adquiridos, y ahora tenemos promociones vacías y suelos en los que no se puede construir porque los bancos no nos conceden el crédito para empezar las obras", sentencia.

La esperanza está puesta en el nuevo plan de Zapatero. Todos confían en que las medidas adoptadas por el Gobierno sirvan para abrir ese 'grifo' ahora cerrado, para que los adjudicatarios puedan acceder a sus pisos, y para que los promotores puedan comprar suelo para construir más VPO, porque hay unanimidad entre los que piensan que la demanda existe y es "mucha".

Imprescindible es también, que la Administración y las entidades financieras lleguen a "acuerdos claros que garanticen la financiación de las promociones protegidas en tiempo y forma", así como que se acelere la calificación de suelos para el desarrollo de promociones protegidas, como solicitan los promotores.