MADRID.- Europa 3.0. La Comisión Europea quiere lanzar el continente al futuro digital de la nueva generación de internet, donde es posible manejar contenidos, aplicaciones y aparatos con una identidad digital que, como la ciudadanía europea, pueda traspasar barreras sin obstáculos. Pero los obstáculos existen en forma de limitaciones al acceso a la banda ancha. La brecha digital continúa. Y España sigue en el lado perdedor.
Los europeos siguen divididos por la brecha digital. Unos tienen un amplio acceso a la banda ancha; otros, no. Pero el problema para conseguir una Europa 3.0, convertida a la web 3.0 para "hacer negocios, divertirse o crear redes sociales en cualquier momento o en cualquier lugar, sin discontinuidad, mediante redes rápidas, fiables y seguras", como dice la comisaria de la Sociedad de la Información, Viviane Reading, es además de calidad del acceso a internet.
Por eso la Comisión ha lanzado un informe para estudiar la ampliación del servicio universal de acceso a internet y propone un nuevo índice de eficacia de la banda ancha donde España vuelve a salir mal parada.
Otra vez el análisis europeo insiste en que el problema de la sociedad de la información en España no está en los móviles, donde tanto esfuerzo quiere centrar el ministro de Industria, Miguel Sebastián, sino en el acceso de calidad a internet y el resto de los servicios digitales que permitirán la convergencia, la red semántica y esa web 3.0 capaz de conectar personas, cosas, aplicaciones, y beneficiarse de la conexión ubicua y permanente a precios soportables.
El ejecutivo comunitario cree que la conexión por móvil está "cubierta extremadamente bien sólo por las fuerzas de mercado", explicó el portavoz de Telecomunicaciones, Martin Selmayr, y no es necesario impulsar más la cobertura, como promueve el ministro de Industria.
El nuevo indicador europeo de banda ancha tiene en cuenta el contexto socioeconómico, los servicios avanzados ofrecidos, la velocidad, precio, competencia y cobertura en áreas rurales. Y en varios de ellos España es débil: precio y penetración de la banda ancha (19,1 líneas por cada cien habitantes, por debajo de la media europea), la falta de servicios avanzados y un contexto socioeconómico con pocos ordenadores en los hogares: sólo un 44,6% están conectados, según el último dato del INE.
Así que no es de extrañar que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) haya decidido qué compañías deben contribuir con parte de sus beneficios a la extensión del servicio universal: Telefónica deberá aportar 72,74 millones de euros, un 40% de la contribución; Movistar, 59,40 millones, el 33%; Vodafone, 31,65 millones que suponen el 17% y Orange contribuirá con 18,98 millones, el 10% del total de los 182,77 millones que se dedicarán.
El Ministerio de Industria ha creado además una comisión asesora para el despliegue de infraestructuras de acceso ultrarrápidas -más de 100 Mbits/s- para intentar actualizar la miasma de regulaciones y normas sobre edificios, canalizaciones, uso de las redes antiguas y eliminación de obstáculos en las ciudades para que los operadores puedan tender las nuevas redes necesarias para el futuro digital.
Con 110 teléfonos móviles por cada cien habitantes pero sólo un 44% de internautas frecuentes, España sigue por detrás de los países más avanzados.
Un reciente estudio sobre eficacia tecnológica de la banda ancha vuelve a denunciar la mala calidad española: Londres o Amsterdam son tres veces mejores en las pruebas principales que Madrid.
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