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El Gobierno anuncia 20 años de libertad vigilada para terroristas y pederastas

EFE
Actualizado 10-09-2008 19:27 CET

Madrid.-  El Gobierno propondrá que la reforma del Código Penal contemple medidas de libertad vigilada para pederastas y terroristas reincidentes que duren hasta veinte años después de cumplida la condena.

Así lo han anunciado hoy los ministros de Justicia y de Interior, Mariano Fernández Bermejo y Alfredo Pérez Rubalcaba, respectivamente, después de mantener una reunión sobre la reforma del Código Penal que será presentada al Congreso este otoño.

Esta modificación también prevé que los delitos de terrorismo más graves, como los asesinatos, no prescriban. Los veinte años de libertad vigilada serán aplicables a los condenados que tengan un "pronóstico negativo" (es decir, que se crea que pueden volver a delinquir) tras su paso por la cárcel. Según ha explicado Bermejo, la idea es establecer una serie de "limitaciones" a la libertad de estos condenados una vez abandonen el centro penitenciario.

Casos "más graves"

El responsable de Justicia añadió que para los terroristas esta libertad vigilada se impondría en los casos "más graves" y ante el riesgo de que el condenado reincidiera. Por su parte, Rubalcaba explicó que uno de los supuestos es que los condenados hubieran cumplido penas por delitos relacionados con el terrorismo que no son homicidio, por lo que al quedar pronto en libertad pudieran volver a delinquir.

Al mismo tiempo, Bermejo explicó que en la reunión también habían analizado otros aspectos que incluirá la reforma del Código Penal, como que se conviertan en obligatorias las medidas de alejamiento de los terroristas respecto a sus víctimas.

Asimismo, ambos ministros también estudiaron que la propuesta del Gobierno incluya una figura penal que persiga a las "organizaciones transitorias de delincuentes", que permita actuar contra grupos como los asaltantes de joyerías o viviendas.

Otro de los aspectos que incluirá la reforma penal del Gobierno será el aumentar las penas para los traficantes de personas que tratan de introducir en España a menores de edad. Esta reforma fue planteada por el departamento de Interior y será asumida por Justicia.

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