"Martinsa-Fadesa suspende pagos". Todos los periódicos españoles, económicos o no, amanecían esta mañana con este titular. A las 10 de la noche de ayer se daba a conocer que la inmobiliaria presidida por Fernando Martín protagonizaba la mayor suspensión de pagos de la historia de España. La nueva situación deja cientos de viviendas a medio construir y miles de compradores con dinero invertido pero sin casa. La pregunta ahora es qué va a pasar con ellos y qué deben hacer.
Cuando hace dos años Fernando Martín, entonces propietario de Martinsa, compró cada acción de la gallega Fadesa por 37,50 euros nadie se podía imaginar que pronto llegaría la crisis del ladrillo. Con el boom inmobiliario en máximo apogeo y el respaldo de una de las mayores empresas del sector, invertir sobre plano parecía ser una de las mejores formas de asegurarse el futuro. Y muchos lo hicieron. Pero hoy todo ha cambiado. Quién les iba a decir a tantos y tantos compradores que esta mañana se echarían las manos a la cabeza al descubrir que la negativa de auxilio del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha obligado al Consejo de Administración de Martinsa-Fadesa a presentar un concurso voluntario de acreedores. Y se queda con 173.000 viviendas en cartera y 18,7 millones de metros cuadrados.
Con esta nueva situación, más de uno está ahora, como se suele decir, compuesto y sin novia. Sin dinero y sin casa. Aunque con un halo de esperanza. La nueva fórmula sustitutiva de la suspensión de pagos asegura que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) controlará que todos los clientes recuperen su dinero, aunque no pone fecha para ello y, desde luego, parece que no será de forma inmediata. Por un lado, porque Martinsa-Fadesa se ha declarado en suspensión de pagos por la elevada deuda que tiene pendiente (5.200 millones de euros) y, por otra, porque los bancos no tienen intención de perder más dinero del perdido en la primera refinanciación de la empresa hace sólo dos meses.
Lo lógico es que los primeros en recuperar el dinero sean aquellos que firmaron en su día un aval bancario o un seguro de caución por las cantidades adelantadas. Según explica la Unión de Consumidores de España (UCE), esa situación les permitiría, siempre y cuando haya quedado reflejado en el contrato de compraventa, obtener el dinero de forma inmediata reclamando a la constructora, al banco o a la compañía de seguros. "Te devuelven el dinero invertido pero no la revalorización -explica un miembro de la unión-, porque, de ser así, se saldría al mercado en inferioridad de condiciones, y aún así esto sería lo ideal".
En esta situación es en la que deberían estar todos los compradores, porque la legislación actual obliga a los promotores y/o constructores a garantizar las cantidades anticipadas a todos y cada uno de sus clientes de forma individualizada. Sin embargo, la obligación se incumple sistemáticamente, y ahí es donde está el problema. Porque si a los avalados les costará tiempo recuperarlo, al resto todavía más, ya que deberán entrar en un proceso judicial.
El caso de Martinsa-Fadesa es el más llamativo del sector, porque se trata de la promotora con más activos y suelo del país y representa la primera suspensión de pagos de una inmobiliaria cotizada. Sin embargo, no es único. De hecho, es sólo el símbolo de la crisis del ladrillo. Desde que comenzó esta situación, otras empresas han quebrado. Por eso lo que aconseja la UCE a sus clientes es que tengan paciencia. Al no tener nada que los avale, se convierten en un acreedor más y deberán interponer una demanda judicial, en este caso en el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, donde la empresa tiene su domicilio social, para poder recuperar su dinero. Para efectuar la demanda, el Juzgado deberá constituir una Administración Concursal y tiene un plazo de dos meses para hacerlo. Además, antes de que los clientes recuperen su dinero, lo harán la Seguridad Social, Hacienda y los trabajadores, por este orden.
Llegado el momento de los compradores, quedan dos opciones: optar por recuperar la casa o por recibir el dinero. La primera sólo se baraja cuando la construcción está adelantada. La UCE explica que en este caso sería cuestión de negociar la compra por menos dinero del que queda por pagar.
De todas formas, una suspensión de pagos no significa que el contrato de compra-venta haya sido incumplido. Es decir, la constructora todavía puede entregar la vivienda a tiempo. Por eso se aconseja que ante una suspensión de pagos, y antes de dejar de pagar a la constructora, si se pretende recuperar la vivienda, se envíe un burofax a Martinsa-Fadesa. "Lo mejor es que se haga con asesoramiento jurídico, pero, si no es así, lo importante es que se deje claro que se ha dejado de pagar por la situación momentánea de la empresa", aconseja una abogada. En cualquier caso, el documento deberá ser enviado a la dirección donde tiene el domicilio social el contrato.
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