La ONU insta a EE.UU. a reformar la justicia militar y la pena de muerte

Naciones Unidas.-  El relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, reclamó hoy al Gobierno de EE.UU. que tome pasos inmediatos para reformar el sistema de justicia militar en la cárcel de Guantánamo y asegurarse que la pena de muerte se aplica con "justicia".

Alston concluyó hoy una visita de 14 días a Estados Unidos por invitación de su Gobierno para investigar la muerte de presos en cárceles del país y la aplicación de la pena capital.

El jurista australiano consideró hoy, durante una conferencia de prensa en Naciones Unidas, que los tribunales militares creados para juzgar a los presuntos terroristas presos en Guantánamo no ofrecen suficientes garantías, particularmente en los seis casos en los que se pide la pena de muerte.

Citó como ejemplos las restricciones impuestas a los abogados de la defensa, el uso de testimonios de segunda y tercera mano o el derecho de los fiscales de ocultar pruebas a los defendidos.

"Los acusados son seres humanos a los que se les deben respetar sus derechos humanos estén donde estén", apuntó.

Al mismo tiempo, criticó la escasa información entregada por los responsables de Guantánamo en relación a las cinco muertes de presos registradas en la base desde su creación en 2002, de las que cuatro se atribuyeron a suicidio y la otra a un cáncer.

Las familias de los fallecidos no han recibido los resultados de las autopsias que se les practicaron, ni se han dado a conocer el resultado de las indagaciones realizadas tras cada muerte, dijo.

Alston también se mostró crítico con el hecho de que hay muchas probabilidades de que inocentes hayan sido ejecutados en Estados Unidos por errores y omisiones en el sistema judicial.

Los 129 presos estadounidenses exonerados desde 1973 tras pasar años en el corredor de la muerte es "una enorme señal de alarma" para el sistema de justicia de este país, resaltó.

El relator citó, en particular, los casos de los estados de Texas y Alabama, que visitó durante su viaje a este país, en los que dijo no haber encontrado un suficiente interés para adoptar las reformas necesarias que eviten la ejecución de inocentes.

Destacó la actitud de los responsables del sistema judicial de Alabama, quienes en sus contactos parecían "sorprendentemente indiferentes" al riesgo de ejecutar inocentes.

"Este rechazo sistemático en Alabama a estas preocupaciones de que se estén violando derechos humanos básicos no encaja con la determinación y el éxito de sus autoridades en atraer inversión extranjera, especialmente de la Unión Europea", valoró.

El relator criticó, además, la negativa del poder legislativo de Texas de adoptar las medidas necesarias para revisar los casos de ciudadanos extranjeros, en su mayoría mexicanos, que fueron sentenciados a muerte sin informar a las autoridades consulares de sus países.

Esta actitud "socava el papel de EE.UU. en el sistema internacional" y pone en riesgo que otras naciones accedan a cumplir con la Convención de Viena sobre relaciones consulares, aseguró.

Alston citó como una área de progreso en la aplicación de la pena capital la mejora de la calidad de los servicios de abogados de oficio que reciben los acusados que afrontan la pena capital, que a menudo sufren recortes de presupuesto que disminuyen su capacidad de llevar a cabo una defensa efectiva.

También abogó por revisar el sistema de selección de jueces en los dos estados, basado en comicios en los que los magistrados tienen que hacer campaña.

"Los jueces en los dos estados se sienten presionados por la opinión pública para aprobar sentencias de muerte en todos los casos en los que sea posible", apuntó.

Alston dijo que incluyó en sus conversaciones con responsables del Departamento de Justicia de Estados Unidos las 74 muertes ocurridas en cárceles de inmigración, que algunos críticos atribuyen a una mala atención médica.