Sevilla.- Los nueve detenidos por el secuestro del empresario gaditano Rafael Ávila, liberado en la madrugada del pasado miércoles en una vivienda de Almonte (Huelva), han pasado a disposición judicial, según han informado hoy a Efe fuentes policiales y jurídicas.
Los detenidos fueron Raúl Brey, primo del presidente del PP, Mariano Rajoy, y J.A.G.R., ambos arrestados en Almonte (Huelva); Luis Rodríguez Pueyo -considerado el líder de la banda- y M.I.R., detenidos en Sevilla; L.A.R.S., en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); y M.R.S., V.H.G.; J.M.H.G., y A.S.L., todos ellos en Madrid.
Fuentes policiales han indicado que los dos primeros han sido trasladados a las dependencias judiciales de La Palma del Condado (Huelva); mientras que los dos detenidos en Sevilla han pasado a disposición judicial en la capital hispalense.
El detenido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) prestará esta tarde declaración en el juzgado número tres de esta localidad, en funciones de guardia, aunque el caso lo llevará el titular del juzgado de instrucción número cuatro, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
Tres de los cuatro detenidos en Madrid han pasado a disposición de un juzgado de la capital y el cuarto prestará declaración en un juzgado de una localidad madrileña que no ha sido precisada a Efe por las fuentes policiales.
El pasado 2 de junio, Rafael Ávila se dirigía a recoger su vehículo al salir de su trabajo cuando fue asaltado por al menos tres personas. Una de ellas le agarró por la espalda y le obligó a introducirse en una furgoneta blanca sin ventanas.
Al día siguiente, los familiares del empresario comunicaron su desaparición en extrañas circunstancias e informaron de que habían recibido varias llamadas solicitando un rescate de 10 millones de euros, por lo que la Policía activó el protocolo de secuestros.
Especialistas del Grupo de Secuestros y Extorsiones y un equipo de negociadores se hicieron cargo de las investigaciones.
Las primeras indagaciones resultaron especialmente difíciles para la Policía, ya que los secuestradores dejaron de contactar con la familia e incluso se dudó de que la víctima siguiera viva.
Después de una semana, comenzaron de nuevo a recibir llamadas y otras muestras de que la víctima se encontraba bien.
La cantidad exigida por su liberación se fijó finalmente en dos millones de euros que debían ser entregados el día 18.
Los agentes lograron determinar que las llamadas estaban siendo realizadas desde Madrid, tras lo que averiguaron la identidad de la persona que las realizaba y de personas de su entorno, una de las cuales había mantenido reuniones profesionales con el secuestrado sobre la transmisión de unas fincas.
La Policía determinó que el empresario podría encontrarse retenido en un chalet en las proximidades de Almonte (Huelva) por lo que, con el apoyo de efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) que liberaron a Rafael Ávila y detuvieron a dos de sus secuestradores.
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