Buenos Aires.- El conflicto del Gobierno argentino con el sector agrario cumple hoy 100 días con escasez de alimentos y dirigentes del campo en inflexible rechazo a la presión del Fisco, a pesar de que el Parlamento dirimirá el asunto como era su deseo.
El Gobierno de Cristina Fernández remarcó hoy que "no cederá" a las presiones del campo y prepara una estrategia parlamentaria en vista de que su política impositiva divide aguas en el mayoritario grupo de legisladores oficialistas y aliados.
Mientras, dos encuestas revelaron que al menos seis de cada diez argentinos apoyan la intervención del Parlamento en el conflicto, a pesar de que responde a una tardía decisión de Fernández, cuya popularidad sigue en bajada, según otro sondeo que también recoge la prensa.
Las asociaciones de supermercados se quejan de desabastecimiento de alimentos básicos a causa de bloqueos de carreteras que mantienen algunos grupos agrarios y el comercio minorista denuncia haber perdido ventas por unos 600 millones de dólares en el último mes.
El jefe del Gabinete, Alberto Fernández, afirmó que la política impositiva "está abierta al debate", a pesar de que el Ejecutivo propuso que los legisladores aprueben o rechacen el sistema de impuestos móviles a las exportaciones de granos que detonó el conflicto a comienzos de marzo pasado.
Más allá de que el Gobierno quiera una ratificación "a libro cerrado", como adujo ayer el campo para mantener sus protestas, está claro que el Parlamento puede cambiar el proyecto oficial, que empezará a ser debatido en las comisiones la próxima semana.
La intervención parlamentaria fue habilitada por Fernández este martes, cuando el conflicto llevaba 98 días y la oposición había fracasado en cuatro ocasiones en anular o modificar la presión del Fisco sobre el sector agropecuario, el más competitivo y dinámico de la economía argentina.
El vicepresidente argentino, Julio Cobos, anunció que el lunes próximo se reunirá con seis gobernadores, tanto oficialistas como de la oposición, "para escuchar las ideas y los aportes" de cada uno de ellos con vistas al debate parlamentario.
Entre los que acudirán a la cita está el de gobernador de Santa Fe, el socialista Hermes Binner, uno de los mandatarios que puso en tela de juicio la política impositiva y abogó por el diálogo con el sector agropecuario.
También asistirá el gobernador de Corrientes, Arturo Colombi, que al igual que Cobos es un "radical K", como se llama a dirigentes de la centenaria Unión Cívica Radical aliados al peronista Frente para la Victoria que lidera el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), antecesor y esposo de Cristina Fernández.
Cobos prometió que el debate con los mandatarios provinciales será "abierto" y con la posibilidad de mejorar el proyecto enviado por el Ejecutivo.
Gobernadores y dirigentes peronistas que discrepan con la presión del Fisco sobre el sector campo han instruido a legisladores de sus distritos para que lleven esa posición a los debates de la Cámara de Diputados, de 254 miembros, donde el oficialismo y sus aliados tienen mayoría.
El núcleo de la oposición al Gobierno de Fernández suma 84 bancas de diputados, cuando para iniciar un debate en esa cámara hacen falta 129 y 65 votos para la aprobación de una iniciativa.
Fuentes parlamentarias calculan que de los 118 diputados oficialistas, hay por lo menos 15 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, las más afectadas por el conflicto, que se oponen al proyecto de ratificar la política de Fernández.
Dijeron que también disiente una parte de los 25 diputados aliados al oficialismo, entre ellos "radicales K" y socialistas, lo que hace prever que el debate pondrá a prueba las alianzas del Gobierno.
"No estamos dispuestos a ceder a la presión de una corporación con intereses muy puntuales: hacerlo implicaría renunciar al futuro de millones de argentinos", subrayó el ministro del Interior, Florencio Randazzo, en declaraciones a la radio y la televisión.
Randazzo rechazó duras expresiones de Alfredo De Angeli, uno de los dirigentes de la combativa Federación Agraria, quien sostuvo que "hay que disolver" al Parlamento, en referencia a que en los últimos años se limitó a aprobar propuestas oficialistas.
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