La cifra oficial de muertos ronda los 15.000 y casi un millón de personas han perdido su vivienda a causa del ciclón Nargis, que azotó Birmania el pasado fin de semana. Pero el número de víctimas mortales podría ascender a 50.000 y el de afectados hasta dos o tres millones, según estiman diversas organizaciones humanitarias, entre ellas Save the Children, una de las pocas con presencia en el país. Si esos cálculos se confirman, este tifón sería el peor desastre natural en golpear al continente asiático desde el tsunami de diciembre del 2004.
"El ciclón ha afectado a una zona habitada por 24 millones de personas. Pero la respuesta humanitaria es complicada por la situación institucional" señala Boris Aristín, coordinador de emergencias de la sección española de Save the Children.
La mayoría de las agencias internacionales de ayuda se enfrentan a serios problemas operativos en Birmania, cuyo régimen militar se ha mostrado extremadamente receloso con las organizaciones foráneas. Los traslados por el país están restringidos, las agencias deben solicitar permisos con bastante antelación y la mayoría de las tareas las llevan a cabo nacionales birmanos porque los visados para ciudadanos extranjeros se conceden con cuentagotas. En algunos casos, oficiales del gobierno militar han asistido a las reuniones de trabajo de las agencias.
En esta ocasión, en vista de las dimensiones que adquiría la crisis y tras su negativa inicial, la Junta birmana aceptó el martes abrir las puertas a la ayuda que ofrecía Occidente. El gesto es "muy positivo" indica Aristín aunque puntualiza que "nuestra habilidad de trabajo es limitada porque estamos a la espera de visados para poder introducir en el país a personal especializado y porque el Gobierno birmano ha pedido que la donación sea bilateral", es decir, canalizada por las autoridades del país.
"A todos nos preocupa cómo gestionarán los militares la ayuda", dice en conversación telefónica desde Tailandia, Aung Zaw, director de la revista Irrawaddy que se ocupa de la actualidad birmana. "El Ejército es corrupto y no tiene ni idea de labores humanitarias. Hasta ahora, ha dado una respuesta muy lenta a la crisis. Hay graves problemas con la distribución de agua potable, de medicamentos y ropa, y no pueden estimar la cifra total de víctimas porque no hay nadie contando a los muertos".
Pero los motivos de la Junta para aceptar la ayuda de Occidente no son totalmente altruistas. Los militares se han convertido en blanco de las críticas de la Casa Blanca por su gestión del desastre. El propio presidente Bush ha unido su voz al coro de líderes internacionales que han pedido al régimen que permitiese la entrada de ayuda externa. Y en el interior del país, crece el descontento por la débil respuesta de las autoridades, quienes, a pesar de la devastación, se han negado a posponer un referéndum constitucional previsto para el sábado próximo cuyo objetivo, según los analistas, es formalizar el control del poder que ya ostenta el Ejército.
"La respuesta de la Junta ante la crisis humanitaria podría afectar el resultado del voto del sábado, con una población que ya está muy descontenta con sus gobernantes", señala desde la frontera birmana David Mathieson, consultor de Human Rights Watch sobre Birmania. "Un gobierno que funciona, al que le preocupan sus ciudadanos y que confía en la ONU y otras agencias humanitarias, tendría una buena capacidad de respuesta. Pero ese no es el caso del brutal y corrupto régimen birmano, que en la gestión de esta crisis, se encuentra en territorio desconocido".
"Los militares están sosteniendo un gran debate sobre cómo responder a este desafío, explica Mathieson. "Por un lado, han invertido grandes esfuerzos en intentar persuadir al público de que el referéndum será un ejercicio representativo y transparente, cuando no lo es; parte de un proceso de reformas políticas, y se niegan a cancelarlo. Pero, por otro lado, saben que es una apuesta arriesgada porque el huracán ha colocado a Birmania en el centro de la atención mundial y no quieren tener a docenas de extranjeros en el país observando el voto. Los hundirá su propia paranoia" .
Con todo, según diversos observadores, el descontento de la población está demasiado extendido como para esperar que los birmanos respalden a la Junta con un ejercicio electoral en el que nadie cree, especialmente tras la violenta represión de protestas en septiembre pasado, a la que siguió una campaña de detenciones e intimidación.
Los disturbios hicieron que las relaciones entre la ONU y el régimen birmano se agriaran. El representante de la organización en Rangún fue expulsado tras afirmar que las revueltas reflejaban el descontento de los birmanos ante el empobrecimiento gradual que sufre el país.
"La irritación popular tiene que ver con cuatro décadas de represión pero también con la subida del nivel de vida, del precio de los bienes básicos de consumo y con las malas infraestructuras, entre otras cosas. El ciclón es para los birmanos otra maldición más, resultado de la presencia del régimen militar", dice Mathieson. "Pero no soy optimista con respecto a la reacción del gobierno. Siempre que los militares han tenido la oportunidad de hacer algo positivo y progresista, han acabado rechazándolo. Y no creo que sepan aprovechar la oportunidad que les ofrece esta crisis para demostrar que son capaces de gestionarla."
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