Zaragoza.- Aún sin haber recibido los informes encargados a los servicios jurídicos de su Gobierno sobre el abastecimiento de agua a Barcelona desde Tarragona, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, se mostró hoy convencido de que este proyecto no es, "jurídicamente", un trasvase del Ebro.
Iglesias compareció hoy ante el Pleno de las Cortes para explicar su posición acerca del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros para garantizar el abastecimiento de agua a Barcelona y su entorno, que padece una importante sequía, y que se llevará a cabo mediante la ampliación hasta Barcelona de los caudales que desde el Ebro llegan a Tarragona desde 1981.
Durante el debate, que se prolongó durante casi dos horas, hubo momentos de tensión y cruce de acusaciones y reproches en torno a este proyecto, que Iglesias rechazó que se trate de un trasvase y que únicamente supone una "redistribución" de caudales del Ebro sobre los que los regantes de las Cuencas Internas de Cataluña tienen derechos adquiridos desde 1981.
En este sentido, no amplía la concesión de cuatro metros cúbicos por segundo vigente desde que se aprobó el llamado entonces "mini-trasvase" a Tarragona, que, ése sí, según reconoció Iglesias, fue un trasvase, "uno de los ocho que sufre el Ebro", dijo.
Además, al ser una redistribución de unos caudales que, aunque con agua del Ebro, son ya de las Cuencas Internas de Cataluña, este proyecto no se puede considerar "técnicamente" un trasvase del Ebro, puesto que en el derecho del agua sólo se considera que una transferencia de caudales es "trasvase" cuando el agua se traspasa de una demarcación hidrográfica a otra.
"Ningún derecho ni expectativa de futuro de quienes forman parte de la Cuenca del Ebro se ven afectados por esta decisión", enfatizó Iglesias, quien no obstante sí se mostró preocupado por la posibilidad que se vislumbra en el decreto de que se puedan vender derechos del agua.
Aparte de que es una posibilidad "técnicamente inviable", el Gobierno de Aragón es "radicalmente contrario" al establecimiento de una "mercado del agua" y se mantendrá "vigilante" al respecto.
Iglesias también hizo hincapié en el carácter temporal del proyecto de abastecimiento y en que es únicamente para uso de boca.
Pidió "desapasionar" el debate y "tranquilidad" al hablar de un tema tan "sensible" sobre el que el Gobierno de Aragón tomará una decisión "definitiva" cuando estén en su poder los informes encargados a la Comisión Jurídica Asesora (COJA) y a los servicios jurídicos.
En todo caso, advirtió de que "no le temblará el pulso" si tiene que tomar la decisión de recurrir a los tribunales, algo que ya ha hecho, en alusión a la reclamación sobre la deuda tributaria.
La intervención del líder del PP en Aragón, Gustavo Alcalde, fue muy dura con Iglesias, de quien dijo que "está enganchado a la mentira", que es el "agente comercial de Montilla, siempre vendiendo su trasvase del Ebro", y que es "sumiso y corderillo" con los gobiernos socialistas y "beligerante" con los del PP.
Le reprochó que hiciera del rechazo al trasvase del Ebro su "bandera electoral" y que ahora apoye el proyecto de abastecimiento a Barcelona" en lo que supone un uso "espúreo" de la cuestión hidráulica.
Iglesias, lamentó Alcalde, "se ha saltado a la torera" el Estatuto de Autonomía de Aragón, que establece la necesidad de que Aragón emita un informe preceptivo ante cualquier propuesta de transferencia de caudales, y "ha abierto el melón del Ebro" para que "sus amigos" hagan con él "lo que les dé la gana".
"Lo mire como lo mire esto es un trasvase, y su obligación estatutaria es oponerse, porque igual mañana es demasiado tarde", le espetó Alcalde al presidente, a quien conminó a dejar el lugar que ocupa en el Gobierno.
La misma petición le formuló el diputado de CHA Bizén Fuster, quien criticó "la forma" en la que se aprobó el Real Decreto, pero también el "cinismo increíble" con el que Iglesias dice que "esto no es un trasvase" sin ni siquiera haber recibido los informes.
Se mostró convencido de que Iglesias opina que sí que lo es, pero si lo reconociera, explicó Fuster, tendría que oponerse frente a su partido.
El trasvase a Barcelona, añadió, abre además "una tajadera de imposible control" cuando en el futuro "otros" invoquen el derecho al agua del Ebro y por eso estimó que si Iglesias tuviera "dignidad política" y "convicciones morales", él mismo y Biel, "de la mano, tendrían que irse a casa".
Por su parte, Adolfo Barrena (IU) lamentó que se haya roto el principio de la unidad de cuenca y que no se cumplan las disposiciones estatutarias con ese asunto, sobre el que se debería de presentar un recurso de inconstitucionalidad.
El portavoz socialista, Jesús Miguel Franco, reprochó al PP su pasado trasvasista e hizo hincapié en que el que proponía el Plan Hidrológico de José María Aznar, de 1.050 hectómetros cúbicos hacia Barcelona, Valencia, Murcia y Almería, no tiene nada que ver con el proyecto actual porque "no es lo mismo beber que especular".
No diferenciar ambas cosas, dijo, sería "perder toda la razón", además de que en este caso se trata de agua de boca para cinco millones de españoles.
Y Javier Allué, portavoz del PAR, se preguntó irónicamente por lo que van a hacer los diputados del PP esta tarde, cuando en el Congreso de los Diputados se vote la convalidación del real decreto y si, en el caso de que lo apoyen, los dirigentes regionales dimitirán.
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