Zaragoza.- Las Cortes de Aragón rechazaron hoy la petición del PP de interponer un recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto Ley 3/2008 de abastecimiento de agua a Barcelona, con el argumento del PSOE y el PAR de que es un asunto superado al estar prevista ya su derogación en el Consejo de Ministros de mañana.
La propuesta formulada por los populares se debatió en un pleno extraordinario y aunque el portavoz del PP, Antonio Suárez, logró concitar el apoyo de CHA y de IU, la iniciativa no salió adelante al oponerse a ella los grupos que sustentan al Gobierno autonómico, PSOE y PAR.
Suárez explicó que cuando el PP registró la iniciativa "ni por asomo" había "el menor atisbo" de que el Gobierno central pudiera derogar el decreto ley, aprobado el 21 de abril, de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en Barcelona, medidas que implicaban prolongar hasta la ciudad condal el mini-trasvase del Ebro a Tarragona, que data de 1981.
Aunque el Consejo de Ministros derogará mañana probablemente el decreto al haberse superado, gracias a las copiosas lluvias de mayo, la sequía que generó la urgencia, es "perfectamente posible" que las Cortes tomen hoy la decisión de recurrirlo.
El PP, añadió Suárez, entiende que el Gobierno de Aragón no ha actuado en este asunto en defensa de los intereses de los aragoneses y "no ha utilizado" todas las armas jurídicas que tenía a su disposición para oponerse al decreto.
Así, hizo especial referencia a los informes de los servicios jurídicos y de la Comisión Jurídica Asesora (COJA) en los que se basó el Ejecutivo para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra únicamente el artículo 3 del texto, cuando el Justicia de Aragón, "a quien le corresponde velar por el cumplimiento del Estatuto", redactó un informe que le daba "mayor cobertura legal", es decir, argumentos para ir más allá y recurrir todo el decreto.
El consejero de Presidencia, Javier Velasco, intervino sobre este asunto, a petición de CHA, en pleno ordinario que siguió al extraordinario, y aseguró que el informe del Justicia "deja mucho que desear desde el punto de vista jurídico", y lo contrapuso con los emitidos por otras instituciones, que nunca llamaron trasvase al proyecto y que rechazaron la posibilidad de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional en su totalidad, al contrario que lo que propugnó el Justicia.
El diputado de CHA Chesús Bernal, en el debate sobre la presentación del recurso, insistió en que la derogación de un decreto no hace que desaparezcan los posibles vicios de su génesis y la tarea del Tribunal Constitucional, añadió citando jurisprudencia previa, es "velar por el recto ejercicio de la potestad de emitir decretos por parte del Ejecutivo", sin perjuicio de que luego esta legislación sea derogada.
En todo caso, aseguró que la omisión de la petición del informe preceptivo que debe emitir la Comunidad ante cualquier propuesta de trasvase, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía, justifica a su juicio la presentación del recurso de inconstitucionalidad.
Adolfo Barrena (IU) llamó la atención sobre la incoherencia del PP, que apoyó la convalidación del decreto de abastecimiento en el Congreso y que ahora pide que se recurra ante el TC, pero votó a favor porque, dijo, no se fía de que mañana el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero derogue finalmente el decreto.
Javier Sada (PSOE) y Javier Allué (PAR) defendieron la "coherencia" del Gobierno de Aragón, aunque Allué reconoció que las cosas podrían haberse hecho "de otra manera" por parte del Gobierno central y la Generalitat catalana.
Velasco, en su intervención en nombre del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, insistió en que este debate es "pasado" ante la inmediata derogación del decreto.
A este respecto, explicó que con el 55,9% de agua en sus pantanos, el sistema Ter-Llobregat que abastece a Barcelona ha superado la situación de excepcionalidad.
Y el mismo día en el que los datos lo confirmaron el Gobierno aragonés tomó las medidas oportunas para que el decreto, que sí apoyó cuando existía la emergencia, dejara de tener validez.
Esa "solidaridad" es lo que a juicio de Velasco hizo "fuerte" al Gobierno de Aragón para defender la derogación una vez superada la emergencia.
Suárez y el diputado de CHA Bizén Fuster coincidieron en señalar que la "verdadera" intención de la Generalitat era conseguir una tubería permanente y no resolver una extrema necesidad.
Además, Fuster y Barrena criticaron que se deje en manos de la Generalitat la declaración del fin o no de la sequía, cuando es una competencia estatal.
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