Zaragoza.- El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó hoy, a iniciativa del PP y del PAR, instar al Gobierno aragonés a que exija al central la firma de un convenio para la ejecución y la gestión de las obras del Pacto del Agua, con las modificaciones acordadas en la Comisión del Agua.
Ese es el punto coincidente de sendas proposiciones no de Ley del PP y del PAR que se aprobaron por unanimidad, pero no salió, como pedían los aragonesistas, impulsar un acuerdo con el Estado para el traspaso de la gestión del aprovechamiento de la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos en cumplimiento con las competencias en materia de agua que ostenta la Comunidad en virtud de su Estatuto, ya que el resto de grupos entienden que es inconstitucional.
Los grupos llegaron a una transacción para acordar con el Estado la participación de Aragón en la gestión del aprovechamiento de esa reserva y para instar al Gobierno autonómico a la elaboración de un proyecto de Ley de Aguas y Ríos de Aragón en el que se regule una organización hidráulica propia y las normas de procedimiento de gestión para garantizar el mejor aprovechamiento del agua.
En la defensa de la propuesta del PP, su portavoz, Antonio Suárez, afirmó que la participación de Aragón en la ejecución de las obras puede agilizarlas ante el importante retraso que sufren a pesar de los compromisos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
Justificó además esa exigencia en el "trato preferente" que sí da a otras partes de España, y especialmente citó el decreto para ampliar el trasvase del Ebro a Tarragona hasta Barcelona por urgente necesidad.
Apuntó, en ese sentido, que el PP presentó ayer una proposición de Ley en el Congreso en el que pide la extraordinaria y urgente necesidad para resolver las obras hidráulicas de Aragón, con un anexo de las obras que necesitan una resolución inmediata, también se establecen unos plazos concretos.
Por su parte, el portavoz del PAR, Javier Allué, defendió dar un ejemplo de "coraje" y aprovechar las oportunidades que ofrece el Estatuto de Autonomía y aseguró que pedir el traspaso de la gestión de la reserva hídrica tiene plena seguridad jurídica y es acorde con la Constitución.
La gestión del aprovechamiento de la reserva hídrica de interés exclusivo para Aragón supondría, recalcó Allué, una garantía adicional de protección, ya que el gobierno de Aragón otorgaría las concesiones de recursos hídricos en su territorio, las cesiones de su uso, la autorización de los vertidos, la policía de aguas y cauces, la gestión de los embalses de interés para Aragón y la ejecución de los regadíos.
Carlos Tomás, del PSOE, apoyó llegar a un convenio con el Estado para la ejecución de las obras hidráulicas, sobre el que se mostró convencido de que se llegará a una posición común que "satisfaga a todos", al tiempo que resaltó que se trata de garantizar los derechos de los aragoneses en relación con el agua.y de demostrar a los aragoneses que gobierne quien gobierne la obligación es la defensa del Estatuto.
El diputado de CHA Bizén Fuster criticó que estas iniciativas se presenten ahora, ya que no guardan relación con el proyecto de abastecimiento de agua de Barcelona porque la reserva hídrica, recordó, no impidió que el Plan Hidrológico Nacional del PP recogiera el trasvase ni lo hará ahora para ejecutar el de la ciudad condal, y estimó que la Constitución no permite el traspaso de la gestión de la reserva hídrica.
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