Toledo.- El consejero de Educación, José Valverde, ha dicho hoy que objetar a una materia que es obligatoria por ley, como Educación para la Ciudadanía, es desobedecer la Ley y eso tiene "consecuencias", como no obtener el título de graduado en Secundaria, lo mismo que cualquiera que se niegue a cursar cualquier materia obligatoria.
Valverde, durante su intervención en el debate que sobre la implantación de esa asignatura en la región se celebró en el pleno de las Cortes, ha recordado que es la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento de la Nación, la que la estableció como materia obligatoria, sin que el PP, que no votó a favor de la LOE, haya recurrido, sin embargo, esa norma.
José Valverde, que recordó que además Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos viene recomendada por el Consejo de Europa, ha indicado que el derecho a la objeción no deriva de la libertad ideológica o religiosa, por lo que no cabe ampararse en el artículo 16 de la Constitución para que se reconozcan excepciones a las obligaciones impuestas por los ciudadanos.
El consejero, que ha indicado que esto último relativizaría los mandatos jurídicos hasta llevar a la anarquía, ha recordado que la mayoría de las sentencias que se han emitido acerca de ese supuesto de derecho de objeción a la asignatura "así lo entienden" y sólo en Andalucía ha habido dos distintas, que han contado, además, con "opiniones discrepantes" en el seno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Valverde, que ha recordado que deberá ser el Tribunal Supremo o el Constitucional el que establezca una jurisprudencia definitiva, ha señalado que el Gobierno regional "está obligado a cumplir las leyes en los términos y plazos establecidos" y, por tanto, el próximo curso escolar se impartirá Educación para la Ciudadanía en segundo de la ESO y al siguiente en quinto de Primaria.
El consejero ha explicado que su departamento ha rechazado hasta la fecha 1.703 solicitudes de objeción, de las que ya ha resuelto 1.591 y 112 están pendientes de contestar, pero además ha devuelto 2.057 de padres de alumnos de centros concertados que no las habían notificado convenientemente.
Ha manifestado también que el Gobierno regional está convencido de que Educación para la Ciudadanía es una materia necesaria, apuesta por ella porque "es una formación ética y cívica" que es "buena para la formación integral" de los alumnos y la impartirá en castellano, no como la Generalitat Valenciana que ha anunciado que lo hará en inglés.
Además, ha señalado que la Consejería de Educación "no recomienda ni prohíbe ningún libro de texto" y ha indicado que "sólo serán objeto de estudio y de denuncia los que contengan contenidos notoriamente contrarios a la Constitución española o que contravengan las leyes".
Valverde ha lamentado también que el PP viniera hoy a la Cámara con una resolución en la que pedía una "ilegalidad", como es que la Junta eximiera de evaluar de la asignatura a los que objeten hasta que se pronuncien los tribunales sobre la pretensión de algunos padres de objetar a esa materia.
La diputada del PP Cesárea Arnedo ha lamentado, por su parte, que el consejero perdiera hoy una ocasión para tranquilizar a los más de 6.000 padres de Castilla-La Mancha "que, viendo vulnerado su derecho a decidir la educación de sus hijos, han decidido objetar a Educación para la Ciudadanía".
Arnedo ha alabado a estos padres por el ejercicio de "responsabilidad y valentía" que han hecho y ha calificado a Educación para la Ciudadanía de "manual de adoctrinamiento" y "catecismo del buen socialista" con un "tufillo a Movimiento de Formación Nacional" y de "factor de perturbación de la paz escolar".
Para Arnedo, la asignatura es una intromisión del Estado en una parcela íntima, como es la libertad de las familias para elegir los valores morales y éticos en los que educar a sus hijos, y ha afirmado que Educación para la Ciudadanía no está respaldada en ninguna disciplina científica, lo que deja patente su carácter "adoctrinador".
Arnedo, que ha recordado que Castilla-La Mancha es la comunidad donde más familias han objetado, ha dicho que la Consejería no tiene legitimación para no admitir las solicitudes de objeción presentadas por los padres y ha pedido a sus responsables que no "persigan" a los que lo único que hacen es esgrimir la "bandera de la libertad".
El socialista Antonio Marco ha recordado a Arnedo que los padres no tienen un "derecho ilimitado" sobre los hijos y que su deber es "facilitarles su desarrollo integral".
Además, ha retado a la diputada del PP a que citara en qué frase de la LOE y los decretos que la desarrollan se invade el derecho de los progenitores, y ha señalado que no cabe objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía.
Para Marco, la objeción a esta materia es "una irresponsabilidad" que "puede causar graves perjuicios" a los hijos de los padres objetores y ha acusado al PP, que no tuvo la "valentía" de recurrir la LOE y los decretos que la desarrollan, de contribuir a esa irresponsabilidad llamando a los padres a la desobediencia civil.
Al término del debate se votaron dos resoluciones presentadas por los grupos parlamentarios, siendo rechazada por la mayoría socialista la del PP, que pedía a la Junta que eximiera de evaluar de la asignatura a los objetores hasta que se pronuncien los tribunales y que las Cortes regionales instaran al Gobierno de la Nación a suprimir Educación para la Ciudadanía.
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