Que la Comunidad de Madrid le tiene declarada la guerra a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) no es ningún secreto. La consejera de Educación, Lucía Figar, aseguró recientemente que su Gobierno eximiría de cursarla a todos los alumnos que hicieran objeción de conciencia.
Para dar rienda suelta a la aceptación de la insumisión de los padres, la consejería del Ejecutivo autonómico liderado por Esperanza Aguirre se ha basado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que autorizaba a unos padres de Bollullos Par del Condado a ejercer la objeción de conciencia frente a esta materia.
Hasta el momento, según ha informado la Consejería, se han recibido un total de 1.113 objeciones. Una de ellas es la de Montse Urbina, madre de cuatro hijos de dos, cinco, seis y siete años. Aunque ninguno de ellos se encuentra todavía en edad de recibir la asignatura, ella ya ha formalizado la petición.
Al principio Montse decidió darle un voto de confianza a la asignatura, pero pronto decidió cuál sería su postura. "Cuando vi los contenidos me eché las manos a la cabeza", dice. "Se trata de un adoctrinamiento político escandaloso", añade esta madre, que rechaza afirmaciones relativas a la educación sexual o referencias críticas con el liberalismo económico. Sin embargo, apoya que se impartan otros puntos que incluye EpC, como la enseñanza de la Constitución española, la europea o todo lo relativo a los derechos humanos.
Rememora con especial disgusto una viñeta del dibujante El Roto que vio en un libro de texto. En ella aparece una monja que le dice a una niña vestida con uniforme escolar: "Recuerda hija que el mercado lo ve todo", a lo que la niña responde: "Sí, sor Libre Competencia".
Sin embargo, frente al movimiento de oposición ideológica a EpC, también hay profesores, centros escolares y padres que apoyan la asignatura y recuerdan que no ha nacido por generación espontánea, sino a partir de una recomendación del Consejo de Europa que pedía a los estados miembros que favorecieran y fomentaran su introducción.
Muchas de las objeciones se han formalizado a través del Foro español de la familia, quien ha creado expresamente un Observatorio para la objeción de conciencia. Esta instancia ofrece orientación y pide a los padres de familia que no estén de acuerdo con la ley que objeten aunque sus hijos no estén en edad de recibirla para apoyar a otras familias que sí se encuentran en esa situación. Este mismo fin de semana padres de varias localidades de la Comunidad se han reunido para intensificar la campaña de oposición a la materia.
Al igual que Montse, los objetores se amparan en el derecho constitucional a la objeción de conciencia y en el artículo 27.3 de la Constitución, según el cual "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones".
Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, sin embargo, la objeción de conciencia que ampara la Constitución sólo se refiere al servicio militar. En este caso, por lo tanto, no sería válida. Feliciano Páez-Camino, profesor de secundaria en un instituto público madrileño, cree además que dar rienda suelta a la objeción podría ser algo que no tiene por qué tener un final. "Los creacionistas podrían entonces objetar de biología por enseñar la evolución y los franquistas de Historia por llamar Guerra Civil al Movimiento Nacional, por poner dos ejemplos".
Por otra parte, Pérez Royo considera la sentencia del TSJA un caso claro de "prevaricación". "Un juez no puede juzgar la constitucionalidad de la ley ni dejar de aplicarla", explica. "En todo caso, si hubiera dudado de la constitucionalidad de la ley, tendría que haber suspendido el proceso e instar una consulta a Tribunal Constitucional, pero la ley es tan constitucional que ellos mismos no han visto el más mínimo resquicio para impugnarla", sentencia.
Sin embargo, padres y madres como Montse siguen reclamando su derecho a formar a sus hijos en los valores morales que ellos decidan y ni siquiera se plantean la posibilidad de no poder objetar. "No hemos pensado qué haremos si finalmente no nos dejan objetar, porque objetar es un derecho, nos ampara la Constitución", afirma. "Si hace falta me manifestaré todos los días a la puerta del Ministerio", concluye.
El proceso para que la asignatura llegue algún día a las aulas de la Comunidad de Madrid va camino de convertirse en un calvario. La ley, aprobada por la Cortes con el voto en contra del PP, permite a las comunidades autónomas incorporar al temario EpC en función de su calendario de implantación de la LOE, la ley educativa del gobierno socialista. Los gobiernos autónomos tenían la posibilidad de empezar a impartir la materia durante este curso o en el año escolar 2008-2009.
Esta última opción fue la elegida por la Comunidad de Madrid, lo que fue interpretado en algunos círculos educativos como una estrategia de Aguirre para ganar tiempo y evitar que EpC llegara a darse en la región si el PP ganaba las elecciones legislativas del 9-M.
Si las intenciones de la presidenta regional sobre la objeción de conciencia llegaran a materializarse, el ya de por sí complejo mapa de las asignaturas de formación moral y ética podría complicarse aún más. De momento, en el área de religión ya sucede algo similar. En ella existe una rama confesional, es decir, la religión católica (u otras, en caso de que los colegios las oferten) y otra aconfesional, Historia y Cultura de las religiones.
A estas dos opciones se suma un tercer grupo de alumnos que tienen derecho a no cursar ninguna de las dos opciones y a los que también hay que atender. ¿Resultado? La posibilidad de tener a tres profesores, en tres aulas, impartiendo clase a tres grupos diferentes. A esta circunstancia podría sumarse ahora un nuevo desdoble: el de Educación para la Ciudadanía y sus objetores.
"Se ha tomado siempre la solución más complicada posible para tener contento a todo el mundo, lo que en mi opinión sucede por la falta de determinación del Gobierno de sacar la religión de las escuelas", indica Páez-Camino. "La protección de la objeción podría aumentar cierto caos organizativo que ya existe en los institutos", añade el profesor.
Sin embargo, algunos profesores como él piensan que la "actitud ácrata" del Ejecutivo madrileño no podrá llegar muy lejos, aunque sí complicarles un poco la vida en algunos centros. Pérez Royo es de la misma opinión: "Esperanza Aguirre tendrá que rebobinar, porque todo esto no es más que ruido con fecha de caducidad".
Aunque a juzgar por el debate suscitado en torno a la materia, parece que sólo hay detractores de EpC, también hay sectores del profesorado y padres de familia que están de acuerdo con el contenido y la filosofía de ésta. En la misma línea de la resistencia de los objetores pero en sentido contrario, un centro educativo de la Comunidad ha empezado a "ensayar" algunos contenidos de la asignatura un año antes de que entre en vigor. La apuesta no ha sido sólo de pragmatismo pedagógico, sino ideológica: EpC se imparte en horas de tutoría y "lejos de crear problemas, a los alumnos les está gustando", según indica uno de los profesores encargados del área en el colegio.
Carlos Díez, pedagogo y profesor de secundaria, también es partidario de la incorporación de EpC al currículum escolar. Díez, quien ha impartido seminarios de formación al profesorado sobre competencias sociales y de ciudadanía en el currículum escolar, similares al que la Comunidad anuló la semana pasada, transmite un mensaje tranquilizador.
"Hay que normalizar la asignatura y defenderla desde la moderación, porque temas que contiene, como la igualdad de género y la resolución pacífica de conflictos, ya se estaban tratando de forma transversal", sostiene. Según el profesor, la creación de EpC garantiza que los alumnos reciban una formación ciudadana, "algo que antes quedaba al albur del profesorado", explica.
Este pedagogo opina que el amparo de la objeción por parte del Gobierno autonómico es un "contrasentido". "Especialmente cuando casi la mitad de los contenidos han sido redactados por él", dice. "Si un libro de texto hace una interpretación del currículum oficial inclinándose por alguna opción ideológica, habría que hacer objeción contra el libro, no contra la asignatura", añade. Sin embargo, su principal recomendación a los padres que alberguen dudas, es que lean los contenidos de EpC y juzguen si son de verdad adoctrinadores. "Hay libros que ponen como ciudadanos ejemplares a santos".
Si quieres juzgar por ti mismo los contenidos de la EpC en la Comunidad de Madrid aquí (página 718) puedes consultar el currículum elaborado por el Ministerio de Educación y aquí (páginas 1-4) el elaborado por la Comunidad.
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