Toledo.- El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha lanzado hoy a los agentes políticos, sociales y económicos de la comunidad la propuesta de un gran acuerdo en materia de vivienda apoyado en un novedosa idea: que el Gobierno regional compre los pisos que los empresarios no puedan vender.
Barreda ha incluido su propuesta en el marco de una argumentación sobre la situación económica -ha hablado de "recesión" y de crisis en la construcción- y de las necesidades de los castellanomanchegos, pues hay 40.000 que demandan una vivienda.
Su idea es que todos los actores implicados se comprometan en un nuevo modelo de construcción "público-privado" en el que la Administración regional tendrá un papel primordial: no sólo garantizará a los empresarios la financiación de sus proyectos sino que les asegurará que cada piso que construyan será vendido.
Si la vivienda no encuentra comprador será el Gobierno el que se haga cargo de ella, ha explicado Barreda, quien también ha prometido una inminente renovación legislativa para agilizar la construcción de viviendas.
La medida ha encontrado el apoyo con matices del PP, cuya presidenta, María Dolores de Cospedal, ha dicho que estará con Barreda en esta apuesta siempre que sea para construir las 50.000 viviendas que prometió en su programa electoral y en su investidura y para aprobar la ley que garantizará el acceso a la vivienda en un año.
La propuesta de Barreda ha irrumpido en el debate político de la región cuando PP y PSOE se disponían a sacar adelante el proyecto legislativo por el que se creará la empresa pública de gestión del suelo, uno de los instrumentos con los que el Ejecutivo quiere dar agilidad a los trámites y tener capacidad para poner suelo a disposición de los promotores.
Ya a última hora, los grupos han retomado el debate sobre la construcción, pero sin entrar en demasiados detalles sobre la propuesta de Barreda.
El PSOE ha sacado adelante una iniciativa genérica para que el Gobierno aplique medidas para reactivar el sector de la construcción, pero se ha opuesto a una propuesta de resolución del PP que, entre otras cuestiones, pedía la construcción de las 50.000 viviendas prometidas por la Junta para esta Legislatura.
La construcción ha acaparado el foco informativo de una sesión en la que la educación estaba llamada a ser protagonista con dos debates sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía y sobre las nuevas titulaciones propuestas por la Junta a la UCLM.
Sobre este último asunto, el consejero de Educación y Ciencia, José Valverde, ha defendido "el equilibrio en la distribución territorial" de la propuesta del Ejecutivo para ampliar la oferta de enseñanzas de la UCLM, mientras la portavoz del PP, Ana Guarinos, ha considerado que injiere en la autonomía universitaria.
Según la propuesta: Talavera recibirá informática e incorporará logopedia y terapia ocupacional a la enfermería; arquitectura y traducción e interpretación se sumarán a la oferta de Toledo; en Cuenca se impartirá turismo y periodismo; en Ciudad Real recalarán medicina y psicología, y Albacete adquiere un grado en farmacia, la ampliación de medicina, y telecomunicaciones.
Valverde ha argumentado que se optó por las titulaciones que cuentan con un mayor número de estudiantes que acuden a otros distritos universitarios a recibirlas.
También se han tenido en cuenta las necesidades de la sociedad, por ejemplo, de médicos, que según sus cálculos Castilla-La Mancha requerirá los próximos años unos 300 nuevos cada año y actualmente ingresan 92 anuales en Albacete y 30 guadalajareños cursan medicina en Alcalá.
El PP ha intentado sin éxito que se cree una comisión parlamentaria que estudiase la ampliación de la oferta universitaria.
También ha quedado patente en el pleno la disparidad de criterios entre socialistas y populares en cuanto a la aplicación de Educación para la Ciudadanía, asignatura de obligatoria asistencia, como ha recordado el consejero, que ha advertido de que objetar tendrá "consecuencias".
Ha explicado que su departamento ha rechazado hasta la fecha 1.703 solicitudes de objeción, de las que ya ha resuelto 1.591 y 112 están pendientes de contestar, pero además ha devuelto 2.057 de padres de alumnos de centros concertados que no las habían notificado convenientemente.
También ha manifestado que el Gobierno regional está convencido de que Educación para la Ciudadanía es una materia necesaria, apuesta por ella porque "es una formación ética y cívica" que es "buena para la formación integral" de los alumnos y la impartirá en castellano, no como la Generalitat Valenciana que ha anunciado que lo hará en inglés.
La diputada del PP Cesárea Arnedo ha alabado a los más de 6.000 padres de Castilla-La Mancha "que, viendo vulnerado su derecho a decidir la educación de sus hijos, han decidido objetar a Educación para la Ciudadanía".
A su juicio, han hecho un ejercicio de "responsabilidad y valentía" que han hecho y ha calificado a Educación para la Ciudadanía de "manual de adoctrinamiento" y "catecismo del buen socialista" con un "tufillo a Movimiento de Formación Nacional" y de "factor de perturbación de la paz escolar".
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